¿El seguro ético puede ser una herramienta para promover la compra pública responsable?

27 Abr, 2022

Artículo de Albert Castillo de CAES

“Una gran desconocida y una herramienta muy potente”. Así describían la CPR Amanda Ortega y Onditz Portabella, técnicas de Opcions especializadas en este ámbito, en un reportaje publicado el 2020. ¡Y no es para menos! Se calcula que la compra de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas supone el 14% del PIB del estado español. Una cifra que podría ascender hasta el 20%, según algunos estudios

Actualmente, la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) supone un marco legal favorable para la CPR, ya que obliga a las administraciones a “incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales, siempre y cuando guarde relación con el objeto del contrato.” En otras palabras, las personas técnicas y políticas están obligadas, por ley, a tener en cuenta criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación pública.

El conjunto de la ESS y las Finanzas Éticas tenemos muy claro que este nuevo marco legal y la incorporación de estos criterios en la contratación pública supone una gran oportunidad si queremos avanzar hacia una sociedad más solidaria y respetuosa con las personas y el medio ambiente. Al fin y al cabo, la ciudadanía tenemos el derecho (y el deber) de pedir una rendición de cuentas a las administraciones públicas, fiscalizar los contratos que se hacen con el dinero público (nuestro dinero) y exigir a las personas responsables un claro compromiso con la sostenibilidad.

Además, la CPR implica una coyuntura favorable para la ESS. Tenemos una ventana para reivindicarnos como una red de empresas y organizaciones que ofrecemos bienes y servicios de calidad (también) para las administraciones, siempre poniendo el cuidado de las personas y los ecosistemas en el centro de nuestras actividades económicas.

¿Somos capaces de imaginarnos un pequeño porcentaje de la quinta parte del PIB que supone la compra pública circulando dentro de los mercados sociales? ¿Qué cambios radicales supondría para la sociedad? ¿Y si aspiramos a que una pequeña parte de este dinero sirva de motor para proyectos transformadores, solidarios y sostenibles?

Con este objetivo, la ESS ha impulsado distintas iniciativas que promueven las buenas prácticas en la contratación pública. El portal Contrata Responsable de REAS Red de Redes (REAS RdR), la colección Guías prácticas para la CPR de REAS Euskadi o el banco de recursos de buenas prácticas de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) son buena prueba de ello.

La ESS ha sido capaz de articular un sistema integral de Finanzas Éticas que abarca los servicios bancarios, el crédito, los seguros y un conjunto de instrumentos de divulgación, educación y validación las prácticas financieras éticamente orientadas.

En línea con lo anterior, Financiación Ética y Solidaria (FETS) publicó a finales de 2021 la Guía para la contratación pública de servicios financieros éticos y solidarios con el objetivo que las administraciones públicas puedan incorporar prácticas éticas y comprometidas con la sostenibilidad a través de la contratación pública de servicios financieros.

El sello EthSI y su papel en la CPR

¿Y los seguros éticos y solidarios? ¿Qué instrumentos ya existentes podemos poner a disposición que permitan al sector público llevar a cabo un consumo más consciente y responsable? Onditz Portabella nos recordaba en este mismo blog que si la CPR se complica, debemos hacerla más fácil. Por suerte, los seguros éticos y solidarios ya disponemos de una herramienta útil y con un largo recorrido que sirve para identificar las buenas prácticas dentro del sector asegurador: el sello EthSI.

Este sello es un certificado con más de una década de trayectoria. El 2008 el Observatorio de las Finanzas Éticas (promovido por FETS) desarrolló esta certificación y desde entonces un comité independiente formado por personas expertas vinculadas a la ESS y la sociedad civil evalúa si distintas entidades y productos disponen de los requisitos para ostentar el distintivo. Los aspectos que el comité tiene en cuenta están relacionados con el comportamiento ético de las organizaciones, la responsabilidad social, la inversión ética, así como la transparencia y su vinculación con la ESS y con entidades de las Finanzas Éticas, entre otros.

En 2020, algunos ayuntamientos catalanes como Monistrol de Calders (Barcelona) o Capafonts (Tarragona) ya contrataron seguros gestionados éticamente a través de contratos menores. Pero no ha sido hasta finales de 2021 que una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Mataró, ha incorporado el sello EthSI como un criterio puntuable en dos licitaciones. A finales de febrero se notificó la resolución de los contratos públicos en los que la gestión ética y solidaria de los servicios de seguro ha sido determinante. Arç Cooperativa, parte del proyecto de intercooperación para la promoción del seguro ético CAES, será la correduría que gestionará estos contratos.

Esta apuesta se trata de una petición histórica del sello EthSI que pedía “incorporar más allá de los criterios técnicos, criterios éticos, sociales y ambientales” puntuables en las pautas de adjudicación. Desde el Observatorio de las Finanzas Éticas, se valora este hecho como un hito para una certificación nacida de la sociedad civil organizada. “Que el distintivo sirva para fomentar el consumo responsable dentro de las administraciones públicas y contribuya a dar mayor coherencia en las políticas es una muy buena noticia”, declara Sergi Salavert, coordinador del sello.

Al fin y al cabo, lo que demuestra esta resolución es que, con la voluntad política necesaria, se pueden poner en valor aspectos éticos, sociales y ambientales en las pautas de adjudicación de un contrato de seguro durante la elaboración de un concurso público.

Si reivindicamos unos seguros gestionados éticamente y promovemos que personas, entidades y organizaciones practiquen un consumo consciente cuando escojan un producto y entidad aseguradora, podemos exigir que la administración pública tenga en cuenta estos mismos criterios para el desarrollo de proyectos de contratación.

Seguros gestionados éticamente para un proyecto social y cooperativo

Otro de los aspectos más relevantes de la resolución de estas dos licitaciones del Ayuntamiento de Mataró es que supone el broche final a un círculo virtuoso entre administraciones públicas, ciudadanía, ESS y empresas mercantiles dispuestas a avanzar en materia de sostenibilidad social y ambiental.

Los seguros adjudicados corresponden al proyecto Lloguem! Yes, We Rent!. Se trata de una iniciativa impulsada por el consistorio catalán para la promoción de la vivienda de alquiler asequible en la ciudad. Con este proyecto, el ayuntamiento hace de puente entre personas propietarias e inquilinas, organizadas a través de Bloc Cooperatiu, la primera cooperativa de inquilinas de Europa, facilitando la rehabilitación de fincas antiguas, estableciendo mecanismos de seguridad para el cobro de los alquileres e incidiendo en el mercado de alquiler de la localidad promoviendo unos precios más asequibles.

El proceso de creación de la cooperativa de inquilinas ha contado con el acompañamiento de otras entidades referentes de la ESS y el cooperativismo, como la Fundació Unió de Cooperadores de Mataró, el Colectivo Ronda o la cátedra de Economía Social del TecnoCampus.

El Ayuntamiento de Mataró ha demostrado como una administración puede ejercer de agente económico tejiendo redes entre empresas y entidades de la ESS, ciudadanía y empresas convencionales a través de políticas públicas que tengan como objetivo el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, las entidades de las Finanzas Éticas, en este caso Arç Cooperativa, nos integramos como un elemento más este engranaje formado por la ciudadanía organizada, la ESS y la administración para promover una vivienda de alquiler asequible a través de una gestión ética y solidaria de los seguros a partir de criterios de CPR.

Como defendían Portabella y Ortega, la CPR supone un cambio de paradigma para que la “contratación pública ocupe el lugar que le corresponde como un instrumento político para el logro de la sostenibilidad económica, social y ambiental”. De este modo, se estable una coherencia entre la gestión de las decisiones de contratación y los objetivos de política pública.

Como reconoce Luigi Carinci, consejero de Contratación Pública de REAS Red de Redes, “esta inclusión de criterios éticos representa un avance significativo hacía una contratación más responsable y un hito en la toma en consideración de la certificación EthSI como referencia para la administración”.

Más allá de estar orgullosas de este hito, las entidades de las Finanzas Éticas y la ESS tenemos la obligación de leer esta noticia como una nueva oportunidad. Debemos seguir trazando estrategias de difusión y sensibilización y mantener nuestra apuesta formativa en el mayor número de ámbitos posibles.

Si los seguros éticos son una palanca de cambio y existe una oportunidad de impulsarlos a través de la CPR es nuestra responsabilidad liderar esta lucha para que las instituciones públicas, conscientes de su papel como agente socioeconómico, pongan en marcha políticas activas con carácter transformador. Al fin y al cabo, se trata de fortalecer una economía solidaria que sitúe a las personas, las comunidades y el territorio en el centro del circuito económico como única alternativa viable hacia la sostenibilidad.

 

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