El Informe Trienal 2024 (referido al periodo 2021-2023) pretende dar cumplimiento a las obligaciones de información que vienen impuestas por las Directivas de contratación pública de 2014. Adicionalmente, también aspira a servir de apoyo en el análisis de nuestro sistema de contratación pública en el citado periodo temporal, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea (“CE”). En este sentido, las conclusiones del Informe Trienal anterior (“Informe Trienal 2021”) sirvieron como premisa en los trabajos de elaboración de la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 (“ENCP 2023-2026”), que fue aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (“OIRESCON”) en diciembre de 2022, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de contratación pública de acuerdo con lo dispuesto por el art. 332.7.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”).
Al igual que en los Informes trienales anteriores, desde el Ministerio de Hacienda se ha buscado la máxima transparencia, con una voluntad inequívoca de sumar esfuerzos con todos los actores relevantes del sistema de contratación pública en la realización de un diagnóstico certero de la situación de la contratación pública en España basado en los datos recogidos por las plataformas de contratación pública.
El ejercicio estadístico y de información cuantitativa que se concreta en el presente Informe se ha realizado por segunda vez tomando como única fuente de información los datos que obran en los sistemas de información nacionales (esto es, tanto de la Plataforma de Contratación del Sector Público (“PLACSP”), como de los sistemas de información equivalentes a nivel autonómico). Esta opción ha sido posible gracias a que en el periodo 2021-2023 ha seguido avanzando la contratación pública electrónica registrada en España.
Como se destaca desde el Grupo de Trabajo en Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes, aunque se trata de un documento árido, puede servir para extraer argumentos de cara a las administraciones públicas y otros potenciales interlocutores. Tras una primera lectura, lo que destaca Luigi Carinci (consejero de Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes) es «la falta de datos y de homogeneización en el registro en la plataforma de la contratación, las irregularidades en la fase preparatoria del contrato, véase consultas preliminares y ausencia de informes y, de particular interés desde nuestro punto de vista, el incumplimiento de la obligación de inclusión de criterios ambientales y sociales. Según el OIRESCON se debe sobre todo a la falta de recursos, de formación y a la praxis contractual de los aytos de menos de 10 mil habitantes».
El informe completo puede leerse y descargarse en este enlace: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/09/Informe-Trienal-2021-2022-2023.pdf