Cuando al profesor José María Gimeno Feliu (Zaragoza, 1965) se le pregunta sobre qué es lo que debe recoger una legislación que en el año 2018 regule en el ámbito europeo las relaciones de contratación en una administración pública, lo tiene claro: “simplicidad, incorporar principios de transparencia, eficiencia e integridad. Y alejar una visión burocrática y antigua de las políticas de contratación”. Y añade: “Básicamente lo que recoge la nueva ley navarra”.
Lo dice con conocimiento de causa: él ha sido su principal redactor. Lleva trabajando los últimos tres años, desde 2015, en el borrador definitivo de la nueva ley. También junto a un grupo de expertos ha redactado la nueva Ley de Contratos del Sector Público que se aprobó en noviembre de 2017 en el Congreso y el Senado para regular la misma materia a nivel estatal. “En realidad no sé cuál se inspira en cuál, porque ambas leyes han nacido a la vez”, reconoce. Le avala su experiencia como ex decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, asesor del Ministerio de Fomento, e investigador en el ámbito europeo e iberoamericano, asesorando a diferentes instituciones.
En su texto ha incorporado preceptos e ideas en las que desde el Observatorio de la Contratación Pública que dirige llevan trabajando desde 2011. “Algunas ideas entonces parecían utópicas, lo que más costará en España es la aplicación, más que el ámbito normativo. Vencer la idea de la contratación directa, y que las cosas hay que hacerlas de otra manera porque repercuten el buen gobierno. Ahí es donde está el reto”, asegura.
¿Qué puntos clave destaca de la nueva ley navarra?
-En general, me he quedado personalmente muy satisfecho. Yo creo que está lo que tiene que estar y de la forma en la que tiene que estar. Lo que más me convence es la clara uniformidad jurídica: se aplican las mismas reglas a todos los que hacen la contratación publica. No hay distinción entre poder adjudicador, administración pública y no administración, que ha sido algo muy tradicional en la legislación. Algo que arrastramos desde el s. XIX. Esto es muy importante: simplifica las reglas y establece pautas de actuación para evitar que se creen entes para eludir los principios. Es una norma además más escueta que la legislación estatal, le da agilidad y hace que sea más fácil de aplicar y entender.
¿De qué forma favorece la economía social y a pequeñas empresas?
-En primer lugar, simplificación administrativa a la hora de presentar la documentación. Ayuda a que las PYMES no tenga una carga burocrática. Dos, la regla general de que tiene que haber lotes, esto es fragmentar las licitaciones para que empresas más pequeñas accedan hacer labores. Esto es una ventaja de oportunidad muy clara para las pymes. También las reglas de pago: en la medida que se paga rápido, una pyme o autónomo soporta los costes financieros de forma más sencilla. Por último, las reglas de la subcontratación que ponen el acento en la correcta ejecución y hacen que la administración se preocupe de que no haya una explotación indebida del contratista principal. España es el país con menos pymes en la contratación pública y esto cuando menos es una anomalía.
Alguna vez ha apuntado que la contratación pública ha sido un abrigo para la corrupción, ¿De qué forma integra esta ley principios de transparencia?
-Es el principio de integridad, que ya la ley navarra de 2006 incluía algún precepto en este sentido. Ahora se establece la necesidad de un control, no tanto desde la desconfianza sino como terapia profiláctica de la propia institución. Una administración pública moderna debe estar muy comprometida en la imagen que da a sus ciudadanos. Eso es la rendición de cuentas: que ese comportamiento ético sea ejemplar ayuda mucho a ese compromiso de regeneración democrática. En este sentido, la navarra es una muy buena ley , desde la perspectiva de garantizar el cumplimiento de la prevención de la corrupción.
Y exigir valores éticos más allá del criterio del precio…
-La incorporación de estas reglas de ejemplaridad hace que los ciudadanos vean que en la gestión de la contratación pública se pone el máximo interés en la calidad de la prestación que se va a contratar. Y se evita una visión economicista que ayuda poco a resolver las necesidades de la sociedad. No solo tiene ventajas en la prestación sino en la confianza en las instituciones públicas.
