En los últimos años, servicios administrados por ayuntamientos, gobiernos autonómicos y otras instituciones públicas se han externalizado como forma de abaratar los costes y responder a las exigencias de recorte en el gasto público. La gestión de estos servicios ha pasado a manos de entidades privadas bajo el criterio de asignarla a las empresas que proponían hacerlo con el menor coste. En la mayoría de los casos, esta práctica ha tenido como consecuencia el empeoramiento de la calidad de los servicios y, más ampliamente, de las condiciones sociales, laborales, económicas y ambientales en las que se ejecutan estos contratos, unas malas prácticas que han obligado a ayuntamientos como el de Madrid, Murcia o Zaragoza a imponer sanciones a las empresas.
Todas las entidades del sector público contratan, con el dinero de toda la ciudadanía, a entidades privadas para atender las necesidades de bienes y servicios públicos, y son las encargadas de preparar los términos del contrato, adjudicarlo y supervisar su cumplimiento, así como de rescindirlo llegado el caso. El aumento de los procedimientos de contratación pública hace necesario un mayor seguimiento de las adjudicaciones y su ejecución, así como velar por unas condiciones de contratación que no prioricen el abaratamiento de costes sino los intereses sociales y el bien común, el bienestar de las personas y el cuidado por el entorno.
Es por estos motivos por los cuales la Economía Social y Solidaria y otros agentes sociales vienen reclamando una Contratación Pública Responsable que guíe las decisiones de las adjudicaciones públicas por criterios de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental, que ponga los intereses de las personas por encima del abaratamiento a toda costa. Valores como la dignidad del trabajo o la igualdad de oportunidades y de género o el respeto hacia los Derechos Humanos en las cadenas de producción de bienes son priorizados de esta forma y defendidos desde la instituciones públicas que deben garantizarlos.
Para ello, la Contratación Pública Responsable se dota de cláusulas sociales, de comercio justo, medioambientales y de género, una serie de condiciones que las empresas deben cumplir para optar a la gestión de un servicio y durante el tiempo que dure esta contrata. Los objetivos pueden ser varios y combinados entre sí: garantizar unas condiciones laborales determinadas, la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, exigir el uso de productos ecológicos o primar la calidad del servicio público sobre el beneficio final de la empresa adjudicataria.
En este sentido, las entidades de Economía Social y Solidaria suponen una garantía para el cumplimiento de estos criterios y trabajan por su promoción y cumplimiento a través de la realización de diferentes actividades. Reas Madrid y Mercado Social de Madrid publicaban el pasado año la guía “Preguntas frecuentes y Respuestas Rápidas para una Contratación Pública Responsable”, la cual responde a dudas concretas y plantea situaciones reales de buenas prácticas que se dan en nuestro país (puede consultarse on-line en el enlace). También se celebran numerosas jornadas y charlas, como la impartida por Leire Álvarez (REAS Euskadi), en el marco de las I Jornadas de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura; o la Jornada Por una Contratación Pública Responsable, organizada por Participa Sevilla, organizada por REAS Andalucía y en la que participó David Comet (IDEAS de Comercio Justo).
Según este último, «que la contratación administrativa persiga objetivos sociales y ambientales es una poderosa herramienta para cambiar la sociedad y sus formas de relación». En esta misma línea, Leire Álvarez afirma que la Contratación Pública Responsable “contribuye al cumplimiento de políticas sociales y laborales de ámbito nacional e internacional, estimula mercados con conciencia social, fomenta la inclusión social y laboral, pone en marcha modelos de gobernanza sensibles a las cuestiones sociales y garantiza gastos públicos más eficaces”. El trabajo por lograr estos objetivos, pasa también por el encuentro con instituciones públicas, como la reunión celebrada el pasado octubre de REAS Aragón con el Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Huesca.
Para facilitar el trabajo de técnicos de las diferentes administraciones en el proceso de inclusión de cláusulas sociales y criterios éticos, la web contratacionpublicaresponsable.org ofrece un listado de cláusulas sociales y ambientales divididas por temas, que pretenden resultar útiles para la elaboración de convocatorias de concursos o procesos de adjudicación. En la misma web y sus redes sociales, Facebook y Twitter, también se difunde información y noticias relevantes en relación con la Contratación Pública, se comparten enlaces de interés, se da acceso a la legislación vigente, y se reúnen diversas guías, pliegos, instrucciones y acuerdos para facilitar ejemplos útiles en materia de Contratación Pública Responsable. Muchas de las iniciativas que se están desarrollando en esta materia, así como las buenas prácticas que han comenzado a darse como resultado de ellas, las recogía Toni Lodeiro en este artículo.
2018 será el año en el que entre vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual prohíbe la posibilidad de contratación sin publicidad, promueve la contratación de PYMES e incluye en sus criterios de adjudicación aspectos medioambientales, sociales y de innovación. El interés por esta ley y el nuevo panorama abierto para posibles contratistas se traduce en que eventos como la Jornada sobre Contratación Pública Responsable organizada por CEPES para el próximo 25 de enero haya anunciado tener su aforo completo un par de semanas antes de su celebración. Se trata pues de un momento de gran importancia para quienes queremos hacer avanzar nuestra sociedad hacia la equidad y la justicia social. Los criterios éticos y la responsabilidad en la contratación pública deben convertirse en práctica habitual de las administraciones públicas. Conseguirlo depende también de que seamos capaces entre todas de dar a conocer estas herramientas entre capas cada vez más extendidas de nuestro entorno.
