La nueva Ley de Contratos que se aprobará la próxima semana será uno de los hitos de la legislatura en Nafarroa. Su articulado final será complejísimo pero su filosofía es bastante sencilla. La Administración dejará de guiarse únicamente por la oferta económica cuando tenga que adjudicar contratos públicos. A partir de ahora, comenzarán a puntuarse otros elementos, como criterios laborales, medioambientales o sociales. Una de las novedades que consolida es que las empresas concesionarias de estos contratos públicos deberán garantizar que, como mínimo, pagan a sus empleados los convenios sectoriales navarros y esta obligación se extiende a sus subcontratas. Pero la ambición de la ley va más allá.
La comisión de Hacienda aprobó la semana pasada el dictamen de la nueva norma, que consta de cerca de 230 artículos y numerosas disposiciones. Y lo hizo por unanimidad, a la espera de qué suceda finalmente en el pleno del jueves. «En la práctica, la Administración Pública se había convertido en un agente precarizador», sostiene la abogada Arantxa Izurdiaga, miembro de la Ponencia que ha ultimado la ley en esa comisión. «El efecto que ha tenido que la Administración entregara los trabajos a la oferta más barata ha sido el de primar a las empresas que pagaban menos a sus trabajadores. A partir de ahora, cambiando este marco se pretende impulsar a las empresas que mejor cumplan con determinados principios éticos», prosigue. Es decir, ya no solo se trata de garantizar que quienes trabajen en esas empresas cobren dignamente, sino que también se puntuarán elementos medioambientales que tengan relación con el objetivo del contrato. A modo de ejemplo, en un contrato para alimentación para un centro escolar, el hecho de que la empresa se provea de productos cultivados en Nafarroa le dará puntos.
Es un cambio filosófico de calado, que obligará a cambiar muchas formas de funcionar. Izurdiaga destaca que lo que se pretende es «incentivar a las empresas que promueven la igualdad de género, la inserción social o los valores medioambientales». Se trata, a fin de cuentas, de tratar de incidir en el mercado desde la demanda, ya que la Administración es, de largo, el principar demandante de servicios de Nafarroa.
El papel de los sindicatos
Para LAB esta es probablemente la ley más importante de la legislatura. «El problema que teníamos parte de que durante estos años UPN ha creado casi una administración paralela, porque subcontrataba a miles de trabajadores a través de empresas que se presentaban a los concursos públicos», explica Berta García, responsable del sindicato en las negociaciones.
Con la nueva ley, el Gobierno incide directamente en las condiciones laborales de todas esas miles de personas. «Está claro que la empresa siempre tendrá beneficios, pero al menos no podrá aumentarlos exprimiendo y recortando las condiciones laborales de sus empleados», sigue García. Prioritariamente, las empresas concesionarias (y las subcontratas de estas) tendrán que pagar a sus trabajadores el convenio sectorial navarro –que por lo general es más alto que el estatal– para el trabajo concreto que realicen. Y, en casos en los que los centros en cuestión tengan convenios superiores, podrá exigirse ese límite salarial.
García insiste en que el paso dado por el Gobierno navarro, al crear su propia ley, blinda a Nafarroa frente a los recortes que se han incorporado en la nueva ley de contratos estatal. Madrid e Iruñea estaban obligados a elaborar sendas leyes en la materia por la necesidad de trasponer una Directiva Europea, pero Nafarroa ha ido mucho más lejos. En este sentido, la sindicalista de LAB entiende que «esta es una apuesta muy importante y los trabajadores necesitaban notar que el cambio se preocupa por sus condiciones laborales».
«También se garantiza que haya un personal mínimo y unas jornadas de trabajo mínimas», explica el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Cecilio Aperte. «Será mejor para los trabajadores y también para los ciudadanos, porque es el mejor modo de garantizar unos servicios de calidad».
El camino hasta llegar a este punto no ha sido sencillo. La proposición de ley del Gobierno era mucho más conservadora que la redacción actual. ELA y LAB iniciaron entonces una lucha apremiando a los partidos a que explotaran al máximo las posibilidades de la ley. Luego CCOO se sumó a este frente común, mientras que UGT se desmarcaba, aunque al final también se ha pronunciado a favor.
«Hemos trabajado los tres sindicatos juntos desde septiembre», explica Imanol Paskual, de ELA. Y aún queda batalla, pues no hay consenso entre las asesorías técnicas sobre el apartado referente a la subrogación de los trabajadores en casos de publificación. A día de hoy, se trabaja en una redacción alternativa que podría introducirse como enmienda in voce el mismo día del pleno.
Paskual también destaca que la ley da mucho más poder a los sindicatos para controlar cómo se adjudican los trabajos. De una parte, los sindicatos podrán participar en la redacción de los pliegos de condiciones. Y, de la otra, se les reconoce la legitimidad para impugnar concesiones ante los tribunales, cosa que hasta ahora tenían vetada.
Palo en la rueda del «régimen»
Uno de los puntos fuertes de la nueva ley es el que hace referencia a los controles públicos. A modo de ejemplo, hasta ahora en las concesiones debía de haber un mínimo de tres ofertas de empresas distintas para conceder una obra o un trabajo. Con la nueva ley, deberá haber un mínimo de cinco. «Se trata de dificultar cualquier fraude», expone la parlamentaria Izurdiaga. «Todo el mundo comprende que ponerse de acuerdo entre tres empresas para amañar un concurso resulta mucho más sencillo que acordar algo así entre cinco». Pero además de una batería de medidas de esta índole para dificultar el fraude, se articulará también todo un mecanismo de control centralizado en la Junta de Contratación Pública, a la que se dota de más competencias y medios, y que luego se imbricará con la Oficina Anticorrupción. Asimismo, se aumentan las potestades de fiscalización de Comptos.
Asimismo, se regulan las incompatibilidades y se implementan vetos de ciertas empresas (las implicadas con la financiación ilegal de partidos o del terrorismo, entre otras). También se despolitizarán las mesas de contratación para que puedan ganar en independencia y profesionalización.
En definitiva, que lo que llega es un giro drástico a la contratación pública que, de un lado, elevará las condiciones de trabajo de miles de personas y, de otro, aspira a romper con las redes clientelares creadas con los años entre el Gobierno y determinadas empresas. Y se busca romperlas de tal modo que no se puedan volver a generar.
Los contratos, divididos por lotes como se hace en Iruñea
La actual normativa de contratos censuraba subdividir los contratos, pues esta era una práctica que se empleaba para eludir controles (pues cuanto mayor es el montante del contrato, mayores son las obligaciones de transparencia). La nueva norma va en sentido contrario, pues entiende que de ese modo se favorecía que grandes empresas se hicieran con los trabajos. Ahora, se partirán por lotes los trabajos para permitir que las pymes opten a esas licitaciones, una práctica que está siendo una de las señas de identidad del Ayuntamiento de Iruñea desde que llegó el cambio.
