Colaborar en la construcción de una sociedad mejor, más justa y sostenible es un reto de todos, también de las Administraciones Públicas. No obstante, en los últimos años, y muy especialmente tras la crisis económica, se ha constatado que los criterios de adjudicación en la contratación pública de productos y servicios se siguen basando más en su precio que en su calidad.
La guía ‘50 criterios de Calidad y Excelencia para la prestación del servicio, que aportan valor en la contratación pública’ es un documento que contiene una serie de recomendaciones sintetizadas en 50 criterios que aportan valor para los baremos de contratos de prestación de servicios de las Administraciones Públicas. Además, la guía presenta de forma visual un ‘decálogo para impulsar la calidad en la contratación pública’.
El objetivo de esta iniciativa se traduce en ofrecer sugerencias a los responsables de la Administración para impulsar la Calidad y la Excelencia como nuevo paradigma de la contratación pública. El documento recoge en sus 50 recomendaciones varias de ellas dedicadas a las cláusulas sociales y medioambientales:
-Descripción de los grupos de interés o partes interesadas que tienen relación con la prestación del servicio.
-Acciones de responsabilidad social a realizar en el servicio con:
– El empleo e inclusión social.
– Los empleados/as del servicio.
– Sistema de gestión ambiental y acciones medioambientales a aplicar en el servicio.
– Colaboración con organizaciones sociales o comunitarias
-Aportación de acuerdos y convenios con entidades de integración social para el empleo.
-Ante nuevas contrataciones de personal, dar prioridad a las personas en situación en riesgo de exclusión social.
-Superar el 2% normativo de personas con discapacidad, contratadas en empleo directo.
-Presentación de un Plan o Sistema de los siguientes aspectos y destinados al personal del servicio:
– Plan de Igualdad para el personal del servicio y su aplicación.
– Plan de conciliación para los trabajadores/as del servicio.
– Plan para abordar la diversidad generacional, cultural y por discapacidad.
-Presentación de un informe de memoria anual con las acciones de responsabilidad social desde el servicio, realizadas con trabajadores/as, con la comunidad y la sociedad.
-Uso de soluciones para la prestación del servicio, de eficiencia energética, reducción de residuos, huella hídrica y huella de carbono, para la protección ambiental.
Esta demanda de situar a la Calidad como paradigma en la contratación pública está también recogida en la legislación europea y española. La Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo y su respectiva transposición en ordenamiento jurídico español mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, introducen los términos de “eficacia” y “calidad” en sus criterios de evaluación para la adjudicación de contratos.
El Club Excelencia en Gestión quiere dar a conocer esta guía a todas las organizaciones que puedan estar interesadas en ser promotoras de la iniciativa y empezar una ronda de contactos al más alto nivel para que estas consideraciones y propuestas sean tenidas en cuenta por parte de la Administración competente. Con este fin, han enviado una serie de propuestas a los partidos políticos que podrían ser incorporadas en sus programas electorales:
1. Incorporar el concepto de tipologías de contratos con criterios de criticidad en calidad, cuyos criterios de valoración se deben basar fundamentalmente en aspectos de calidad y no de precio, para los siguientes 4 tipos de servicios: servicios a ciudadanía o relacionados con el Estado de Bienestar; servicios que afecten a las condiciones de vida básicas de la ciudadanía; servicios relacionados con la seguridad o vida de las personas, y contratos técnicamente complejos o de consultoría.
2. En los contratos públicos más importantes, realizar periódicamente durante la ejecución del contrato, una evaluación de la calidad de la prestación del servicio y del cumplimiento de la entidad adjudicataria.
3. Establecer en los pliegos de condiciones, penalizaciones ante incumplimientos del pliego o de la oferta, así como incentivos ante buenos resultados.
4. Las mejoras que se oferten y no sean solicitadas o cumplidas, descontarlas de la factura del servicio.
5. Para los servicios con alto componente de criticidad, potenciar la valoración de la calidad de la prestación del servicio con respecto al precio.
Más allá de los contactos con los diferentes partidos en campaña electoral, el Club tiene en su pipeline otras acciones para concienciar sobre este tema: reuniones con las Administraciones Públicas; encuentros en el Congreso de los Diputados para la revisión de la Ley Contratos Sector Público; la elaboración de un plan de comunicación y divulgación del documento y la creación de alianzas con organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, ciudadanas y medios de comunicación, sin olvidar la organización del Premio Nacional a la Contratación Pública Excelente.
