Aprobada en Valencia la ley que fija criterios éticos y ambientales en contratos públicos

5 Jul, 2018

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles la ley de Fomento de la Responsabilidad Social, que incorpora criterios sociales, éticos y medioambientales en la contratación pública, e impide trabajar con empresas que operen en paraísos fiscales.

El objetivo de esta ley, que ha contado con el apoyo de todos los grupos menos el PP, que ha votado en contra, es favorecer prácticas socialmente responsables en las Administraciones Públicas y en las organizaciones públicas y privadas.

La norma regula la incorporación de cláusulas de responsabilidad social y de transparencia en la contratación pública, entre ellas que los licitadores y contratistas no pueden realizar operaciones en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública.

La ley, que es la segunda de España que aborda esta materia, prevé la aprobación del Plan Valenciano de Responsabilidad Social y obliga a la Administración de la Generalitat a elaborar una memoria anual de Responsabilidad Social, con las medidas llevadas a cabo en este ámbito.

Además, prevé beneficios para las entidades que obtengan la calificación de socialmente responsables, y crea el Consejo valenciano de responsabilidad social, que actuará también como observatorio en esta materia.

La diputada socialista Clara Tirado ha indicado que esta ley no es “meramente declarativa”, sino una “apuesta clara, concreta y estratégica” para situar la responsabilidad social “en el epicentro” de las instituciones públicas e impulsarla en el sector privado.

La diputada de Compromís Graciela Ferrer ha indicado que este texto expresa el compromiso y la voluntad “firme” de introducir criterios de responsabilidad social y fomentarla en el ámbito público y privado, y será una herramienta para mejorar la inclusión, la sostenibilidad social y la competitividad de la economía.

El diputado del PP Juan Carlos Caballero ha indicado que es una ley “cosmética”, sin presupuesto ni “medidas concretas”, que no va a “cambiar ni fomentar nada”, es “sectaria”, confunde “incentivo con imposición” y opta por el “chantaje” al incluir una cláusula para no discriminar el valenciano, lo que supone “racismo lingüístico”.

Antonio Woodward, de Ciudadanos, ha justificado el voto a favor en que se han asumido la mayoría de las enmiendas de su grupo, como la que ha incluido la economía circular en la norma, y Josep Almería (Podem) ha reivindicado “la importancia y la necesidad” de regular esta materia.

Durante el debate, el PP ha aludido a los “casos de corrupción” del PSPV y Compromís y ha preguntado si esa es la ética pública que proponen, a lo que el PSPV ha replicado que no acepta lecciones “de una organización criminal”.

“No es lo mismo que un músico de banda robe dinero de la lotería de Navidad, que todos los músicos, con el director a la cabeza, tramen una estructura para robar el dinero de la lotería”, ha afirmado Tirado, quien ha añadido que así lo hizo el PP durante veinte años para “robar el dinero de los valencianos”.

Caballero ha indicado que si la diputada habla de banda, él le habla de “charanga” que tiene como “jefe” a Jorge Rodríguez, quien presuntamente “amañaba contratos” para que luego ese dinero público acabase “en los bolsillos” del PSPV y Compromís.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20180704/45643294710/aprobada-la-ley-que-fija-criterios-eticos-y-ambientales-en-contratos-publicos.html

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