Aprobada la ley de Contratos Públicos de Navarra, que introduce cláusulas sociales en la contratación de la Administración

13 Abr, 2018

 

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de Contratos Públicos de Navarra, un texto que establece un nuevo modelo basado en la mejor relación calidad precio y que introduce cláusulas sociales en la contratación que realice la Administración.

No se han introducido modificaciones en la disposición que prevé que las empresas subcontratadas por la Administración elaboren un plan de euskera cuando presten un servicio de atención al público.

El PSN tenía la intención de presentar una enmienda para introducir el carácter voluntario de estos planes, pero se ha quejado de que UPN no la ha querido firmar, por lo que no ha podido registrarla. Los regionalistas, por su parte, han alegado que la enmienda no podía prosperar por el rechazo del cuatripartito y que además no estaba de acuerdo con resolver este asunto introduciendo el carácter de voluntariedad, señalando que “no se debe exigir ningún plan de euskera”.

Finalmente, la ley ha sido aprobada con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN y PPN han votado finalmente en contra, variando el apoyo que dieron a la norma en comisión parlamentaria. Regionalistas y ‘populares’ han explicado su voto en contra por la disposición relativa a los planes de euskera.

El proyecto de ley foral tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico navarro al escenario europeo de contratación para propiciar un modelo de desarrollo económico que genere altos niveles de empleo, productividad y cohesión social, al tiempo que se garantiza un uso eficiente de los fondos públicos.

Para caminar hacia una economía social de mercado “altamente competitiva”, se incluyen medidas de simplificación del procedimiento y de reducción de cargas administrativas, todo ello en torno a la búsqueda de la mejor relación calidad-precio.

A través de la ley se ha introducido un cambio de paradigma que, en detrimento de la oferta económica más ventajosa, introduce un nuevo modelo de contratación basado en la mejor relación calidad precio, así como en la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales de carácter preceptivo y transversal, esto es, sujetas a control en todas las fases del proceso, incluida la ejecución.

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno foral, Mikel Aranburu, ha destacado que el proyecto se ha elaborado “con afán de modernización para conseguir eficiencia y competitividad” y se han introducido “medidas de simplificación del procedimiento y la reducción de las cargas administrativas”. Además, ha asegurado que “la consecución de la mejor calidad precio pasa a ser clave”.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que ésta es “una ley de gran trascendencia, es quizá una de las leyes que más va a influir en la vida práctica de las Administraciones en los próximos años” y ha destacado que incluye “cuestiones positivas”. “Lo que podía haber sido un buen resultado, lo han echado a perder por el obstinado fanatismo en imponer y manipular el uso del euskera en todos los rincones”, ha criticado.

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha asegurado que “esta va a ser una de las leyes más importantes de la legislatura” y ha destacado que con esta norma “estamos condicionado y orientando nuestro esfuerzo como Administraciones a un nuevo escenario en el que la contratación se entenderá como una herramienta para liderar desde las instituciones la compra responsable y el empleo de calidad”.

En la misma línea, la parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha afirmado que esta es “posiblemente una de las leyes más importantes que se va a aprobar esta legislatura” y ha destacado que “supone una ruptura total con el actual modelo de contratación”. “Con la entrada en vigor de esta ley, la contratación se considera un instrumento para poder intervenir en la vida social y económica. Debe ser un instrumento para conseguir fines sociales”, ha destacado.

Por parte de Podemos, Laura Pérez ha asegurado que la ley recoge “los frutos del trabajo y de las aportaciones de colectivos, sindicatos, ayuntamientos y cuantas entidades han querido trasladar sus sugerencias”. “Ha sido una ley muy participada. En muchos aspectos se podía haber ido más allá, pero hemos sido capaces de llegar a acuerdos”, ha señalado, para pedir a UPN y PPN que “no sean tan torpes de demonizar la ley” por la cláusula relativa al euskera.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha destacado que el pasado mes de septiembre el Gobierno registró en el Parlamento “un proyecto absolutamente descafeinado y muy poco ambicioso” respecto al resultado final que ha deparado el trabajo parlamentario y ha asegurado que el PSN ha demostrado su capacidad de “acuerdo” con el apoyo a esta ley. “Lo fácil era no implicarnos, quedarnos en la crítica y votar lo que fuera, pero esa nunca ha sido nuestra actitud”, ha afirmado.

El parlamentario del PPN Javier García ha señalado que “había un consenso prácticamente total” en torno a la ley que se ha visto “emborronado” por la disposición relativa a los planes de euskera, que “básicamente lo que hace es imponer el euskera en las empresas”. “Es una disposición que no respeta la zonificación lingüística y es una medida profundamente discriminatoria y sectaria”, ha criticado.

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha hecho una valoración “muy positiva” de esta ley, señalando que representa “un cambio histórico en la contratación pública de Navarra”. “Las cláusulas sociales son las que más nos satisfacen en la valoración positiva de la ley. Navarra va a tener la ley de contratación pública más avanzada del Estado”, ha destacado, para asegurar que “si el cambio político no se hubiera dado, no estaríamos hoy aprobando esta ley”.

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