Con las movilizaciones mundiales por la emergencia climática todavía resonando en las calles de todo el planeta, el Gobierno castellano-manchego ha puesto el acelerador en esta cuestión con la creación no solo de una nueva Consejería de Desarrollo Sostenible sino también de una serie de direcciones generales muy concretas para darle fuerza a la defensa del medio ambiente como vector de la mejoras sociales. El objetivo es llevar a cabo una hoja de ruta para la aplicación en esta comunidad autónoma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo a una estrategia-marco ya aprobada pero de la que emanan otras muchas políticas relacionadas con diferentes niveles y sectores de la administración.

Por el momento, el nuevo director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, apela a una responsabilidad compartida: ni administraciones ni ciudadanía “pueden mirar hacia otro lado”, deben “caminar juntos hacia un consumo responsable” lo que a su vez provocará que las empresas “cambien sus modelos producción”.

Dentro de las acciones más próximas de esta comunidad autónoma para la consecución de los ODS, está previsto que el Ejecutivo regional modifique el decreto que regula la aplicación de la Agenda 2030. El objetivo es adaptarlo, no solo a la nueva estructura del gobierno, sino también sumar las políticas transversales de todas las consejerías.

Un ejemplo es el ODS número 12, referido al consumo responsable. Es la piedra angular en la que se basan los colectivos civiles que quieren transformar los modelos productivos contaminantes. El cómo hacerlo es otra cuestión. Por ejemplo, para Ramón Lara, el objetivo fundamental en hábitos de consumo es conseguir que la ciudadanía sea capaz de generar el mínimo residuo. Explica a este respecto que la Administración no puede por menos que ser ejemplarizante en todo este proceso. Por ejemplo, en los procesos de contratación pública. “Es verdad que luego los contratos se ponderan económicamente y no todos pueden tener todas las cláusulas sociales o ambientales posibles, pero sí que es aconsejable que en un contrato de un comedor escolar o de la cocina de un hospital exista alguna cláusula sobre el desperdicio alimentario”.

A este respecto, explica que no es fácil porque hay cuestiones de ámbito jurídico y económico que tienen que ver con ello, pero remarca que la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando con el departamento de Hacienda en la elaboración de unas instrucciones o un futuro decreto de “compra pública responsable”.

Ahondando en la cuestión del desperdicio alimentario, cuyo decreto de implantación en Castilla-La Mancha se aprobó el pasado mes de marzo, Lara explica que para su desarrollo se va a poner en marcha un foro con participación de las principales distribuidoras de alimentos, las entidades sociales del tercer sector, los bancos de alimentos y organizaciones como Red Alimenta, para estudiar medidas como la elaboración de un distintivo para gestionar los excedentes alimentarios de manera regulada. La idea es hacerlo también extensible a la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y otras entidades de economía social y conocer así sus necesidades y propuestas.

Actualmente, estudios del INE desvelan que un 42% del desperdicio alimentario procede de los ciudadanos. Es un dato a tener a cuenta para “trabajar también en la concienciación del consumidor”.

Y, precisamente, otra de las áreas que ahora se gestiona junto a la Agenda 2030, es la de consumo. Castila-La Mancha tiene prácticamente recién estrenada su nueva Ley sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras. Incluye, entre otras cuestiones, el derecho a un medio ambiente saludable y una perspectiva de género incidiendo en las diferentes formas de discriminación hacia la mujer que se pueden realizar en publicidad o mediante la denominada ‘tasa rosa’.

Queda por delante, según detalla Ramón Lara, un “minucioso” desarrollo reglamentario que también tiene como objetivo promover un consumo “inclusivo”: entre otras acciones el Gobierno trabaja con el CERMI en un programa de compra asistida. “Esperamos que todo pueda desarrollarse durante la legislatura porque para es uno de los ejes centrales de la Agenda 2030”.

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