El Gobierno Nacional mediante Decreto 248/2021 reglamentario de la Ley 2046/2020, donde la parlamentaria huilense Florita Perdomo jugó un papel muy importante en calidad de autora, ordena a entidades públicas como ICBF, Inpec, Ejército, Policía, entre otras, que en sus planes de compras en productos agropecuarios hacerlo con campesinos, pequeños y medianos productores, en un porcentaje no inferior al 30%. Así se permitirá que la economía campesina sea abastecedora de programas públicos de suministros y distribución de alimentos sin intermediarios.
Cada año Colombia invierte cerca de 2.6 billones de pesos en compras de alimentos administrados por diversos operadores. Muchos de ellos son contratados por entidades como el ICBF, Inpec, MinEducación, algunas alcaldías y gobernaciones. Estos recursos se diluyen entre intermediarios y operadores, perdiéndose la oportunidad de dinamizar las economías municipales y vincular la producción de agricultores locales.
Colombia tiene un enorme potencial productivo y se perfila como una despensa agroalimentaria del mundo. Es el cuarto país Latinoamericano en disponibilidad de tierras aptas para la producción agrícola, tercero en disponibilidad de agua y diversidad climática y, tal vez, el primero en biodiversidad. Tenemos fortaleza interna para democratizar las oportunidades, ya que la base social de la producción agropecuaria, está representada en la agricultura familiar campesina.
La Ley de Compras Públicas tiene algunos instrumentos y estímulos a quienes se acojan a ella, como que aquellos proponentes que se obliguen a adquirir productos provenientes de pequeños productores locales o de agricultura campesina, familiar o comunitaria, tienen asegurados 10 puntos adicionales en la calificación de su oferta.
Hay que hacer muchas cosas en las organizaciones de base y de productores, y por parte del MinAgricultura, gobernaciones y alcaldías para que ese gran paso se materialice y para ello es menester implementar procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas a las entidades de orden sectorial para la implementación de las compras públicas, y mercados campesinos a nivel nacional; como el fortalecimiento técnico en los circuitos cortos de comercialización. Implementarse también sin ninguna duda la conexión a internet, con líneas digitales expeditas y con una gran capacitación a los productores y cooperativas de pequeños productores.
El Huila es pionero en asociatividad como lo ha sido también en empresas de economía solidaria. Pero es la hora de los pequeños, de actuar con liderazgo y trazar la ruta para aprovechar de la mejor manera esta oportunidad de comercialización productiva directa. Sirve mucho lo que está haciendo la Gobernación del Huila en sus municipios, definiendo su mapa productivo y de organización sectorial. Hay cosas por hacer, manos a la obra.
Finalmente, sin duda, el Decreto reglamentario es un espaldarazo a la autora de la iniciativa liderada en el Congreso, de la Ley de compras locales de pequeños y medianos productores.
