Las administraciones públicas han dejado de invertir cantidades sin duda impactantes en determinados sectores. Y la reducción no siempre se debe a unos criterios justos basados en la eficiencia: se evidencia la preponderancia del criterio económico.

La Contratación Pública, entendida como el aprovisionamiento público de bienes y servicios por parte de las diferentes administraciones, es una actividad económica de primordial interés que posibilita el funcionamiento eficiente de los servicios públicos de un país. Una de sus funciones más destacables es la de potenciar acciones encaminadas a proteger y ampliar los márgenes del Estado del Bienestar para el conjunto de la ciudadanía, sin importar la ubicación geográfica o nivel económico. Junto a ello también debe servir para conseguir nuevos objetivos sociales y medioambientales ya prometidos.

Es un hecho que los poderes públicos, el desarrollo de la democracia y la universalidad de los derechos humanos son indisolubles, sin embargo todo ello debe ir acompasado de buenas prácticas en la implementación de las propias políticas públicas.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se elaboró precisamente para modificar el arquetipo de funcionamiento de la Contratación Pública que hasta entonces prevalecía en nuestro país, donde se anteponía la burocracia, la falta de transparencia y el factor precio, sobre la calidad del servicio prestado y la sensibilidad hacia quienes los desarrollaban y donde, por desgracia, también operaba alguna dosis de corruptela. Esta nueva normativa suponía la incorporación al ordenamiento jurídico español de las posibilidades abiertas por la legislación europea en orden a garantizar una contratación pública socialmente responsable, en beneficio de la Administración contratante, de los trabajadores y trabajadoras asignados a los servicios y de las empresas respetuosas con la normativa vigente.

A finales de 2019, CCOO de Construcción y Servicios puso en marcha el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, OSCP, como instrumento de vigilancia del cumplimiento de la legislación. Desde entonces realiza un seguimiento para los tres niveles de la Administración, estatal, autonómico y local, de las adjudicaciones públicas en sectores como la construcción, la limpieza de edificios y locales, la seguridad privada, el saneamiento urbano, la recogida de residuos, el servicio de ayuda a domicilio y jardinería, por citar los más representativos. Tras más de un año de andadura, ya se dispone de lo que ha supuesto el proceder de los poderes públicos en la gestión de su contratación durante el pasado año.

De enero a diciembre de 2020 se han registrado y analizado un total de 10.568 expedientes de contratación pública. Estos contratos suponen una gestión de más de 5.000 millones de euros licitados por los tres niveles competenciales de la administración pública en todo el territorio nacional. Tras el desarrollo de los procedimientos, los diferentes organismos gestores han aplicado una rebaja media del 15%, cifra que supone haber dejado de invertir en los servicios públicos más de 757 millones de euros que ya estaba presupuestado. En el caso del sector de jardinería, el más llamativo en porcentaje, la reducción llega a ser del 24,3%, o lo que es lo mismo se dejó de invertir casi 22 millones de euros. No obstante, la cifra más relevante por su envergadura es el del sector de la construcción, donde el porcentaje de reducción, siendo más bajo que el de jardinería, el 18,2% dejó de emplear más de 498 millones de euros. Si nos detenemos en sectores esenciales por su papel trascendental en tiempos de pandemia observamos que en el sector de la limpieza se ha llevado a cabo una reducción anual del 12,3%, lo que se traduce en una rebaja de 82 millones; mientras que el sector de ayuda a domicilio el porcentaje ha sido del 3,4% privando a un servicio tan vital por su papel social de más de 5 millones de euros. Cantidades sin duda impactantes cuya reducción no siempre se debe a unos criterios justos basados en la eficiencia. Se evidencia, entre otras cuestiones, la preponderancia del criterio económico identificando la oferta más baja como la deseable, sin tener en cuenta unas garantías de suficiente capacidad para cumplir con lo contratado a ese menor coste.

Entre otras consecuencias de lo anterior es frecuente que se detecten deficiencias como incumplimientos en los pagos a trabajadores y trabajadoras o insuficiencia de medios para la protección de su salud, así como impagos de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social.

Es de temer, además, que se intenten solventar en parte los actuales problemas económicos consecuencia de la situación sanitaria, empeorando las condiciones de trabajo de sectores tan sensibles al precio como son los de limpieza, seguridad privada, ayuda a domicilio o jardinería. Sectores muy castigados, de forma prácticamente estructural por condiciones de precariedad laboral: bajos salarios, temporalidad y parcialidad.

Asimismo, la división competencial en la gestión de los distintos procedimientos y sus organismos implicados han admitido reducciones en el precio muy dispares. La Administración General del Estado y todos sus organismos dependientes son las que aceptan con mayor frecuencia, a lo largo de los diferentes meses, reducciones mayores con una media del 16,7%. Las Entidades Locales, por su parte, se sitúan en una reducción media del 15,9%. En todo caso, son las Comunidades Autónomas las que aplican una menor reducción media con el 13,2%. Por encima de esta media se sitúan Ceuta (26,7%), Asturias (21,5%), Murcia (20,7%), la Rioja (20,1%), Navarra (20,1%), Comunitat Valenciana (16,5%) Castilla y León (16,1%) y Melilla (13,4%); por debajo de la misma: Galicia (12,8%), Aragón (12,5%), Baleares (12,3%), Castilla La Mancha (11,9%), País Vasco (10,6%), Andalucía (10,4%), Canarias (11,2%), Madrid (9,9%), Extremadura (7,7%), Catalunya (6,3%) y, por último, Cantabria (5,7%)

Durante todo el 2020 este OSCP ha encontrado ciertas deficiencias en los procesos de licitación como es el hecho de no poder recibir la información completa del mismo; falta de cumplimentación de datos; división por lotes que «dividen poco»; carencia de documentos como actas que reflejen un procedimiento claro de gestión; dificultad de acceso a la información detallada; importes de licitación y adjudicación incorrectos o parciales; falta de desglose con y sin impuestos como el IVA; variación sobre información de anuncio en total de importe y publicación de importe/hora de un servicio etc. Así como en un gran número falta de publicación de motivos para considerar justificada una propuesta con baja temeraria.

En este sentido no se debe olvidar que tanto empresas como la propia Administración Pública a la hora de interactuar en el ámbito de la Contratación Pública, que en definitiva no deja de ser una actividad que en la práctica afecta a todos los mercados, deben ser conscientes de hacerlo bajo el paraguas de la sostenibilidad, pues afecta directamente a la productividad del país, a los precios, la calidad, la innovación y de manera especial a los niveles de bienestar a disposición de la ciudadanía; o lo que es lo mismo, hagamos efectivo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de Naciones Unidas: Producción y Consumo responsable.

Obremos, en definitiva, por una Contratación Pública ética, social y sostenible.

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