La Unión Europea (UE) aprobó el año pasado la normativa comunitaria que establece las obligaciones de reciclaje de residuos urbanos y aspira al objetivo de reciclar el 65% de los residuos urbanos en 2035. Además, la normativa impone la práctica de una recogida selectiva de los residuos domésticos considerados peligrosos a partir de 2022, los residuos biológicos en 2023 y los residuos textiles en 2025.
A pesar de que la Unión Europea obliga para el año 2020 a reciclar el 50% de todos los residuos domésticos y de que se recicla el 34% en España, en el ámbito del textil en concreto solo reciclamos el 10% de toda la ropa de la que nos deshacemos anualmente, situándonos a la cola de la UE. Tras los residuos orgánicos, los envases y plásticos, el papel y el cartón, y el vidrio, el residuo textil ocupa el quinto lugar en la proporción que más generan los españoles, de ahí que sea vital concienciar sobre una recogida selectiva a las administraciones y a la sociedad en general.
Ante esta situación, la organización Humana Fundación Pueblo para Pueblo propone como medidas más urgentes, la de instalar más puntos de recogida selectiva en la vía pública y otras medidas para la mejora de la recogida selectiva del textil. En primer lugar, plantea la implementación de una adecuada red de recogida en los municipios donde tendría que haber un contenedor de textil por cada 250-500 habitantes, la proporción actual es de uno por cada 3.000–5.000 en el caso más optimista. A través de una prueba piloto en Rivas-Vaciamadrid, Humana ha duplicado el número de contenedores hasta llegar a uno por cada 400 habitantes, el ratio más elevado de España.
En segundo lugar, se quiere impulsar un servicio de gestión textil que atienda criterios criterios sociales y medioambientales (contratación pública responsable) y no mercantiles. Además proponen desde la organización, el desarrollo de un sistema de aplicación de responsabilidad ampliada del productor (RAP) a los productores y distribuidores de ropa, calzado y artículos textiles del hogar, donde solo Francia lo ha impuesto bajo lo que se conoce como “quien contamina, paga”.
