El Ayuntamiento tiene que ponerse las pilas con la contratación pública responsable. Tres meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos no se están cumpliendo algunas obligaciones. La Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Murcia, que está organizando con la consultora De Par en Par jornadas de formación y sensibilización entre personal técnico para buscar espacios de colaboración con las administraciones locales, recuerda que la contratación pública representa el 12,85% del PIB regional.
La nueva ley, expone Luigi Carinci, responsable de contratación pública de REAS Murcia, supondrá la contratación de cientos de personas de colectivos desfavorecidos y en exclusión social gracias a la llamada «reserva de mercado» para empresas de inserción, centros especiales de empleo y entidades de la economía social. Carinci confía en que el Ayuntamiento de Murcia establezca pronto el porcentaje de reserva para estos casos, que REAS Murcia no entra a valorar cuál debe ser, ya que corresponde a la propia administración tomar la decisión. «Entendemos que habría que empezar fijando cantidades, que cada servicio establezca su margen, y que todo eso se traduzca al final en un porcentaje. Por ahora no hay ningún contrato en reserva», subraya.
El edil responsable de Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, señaló a este diario que el porcentaje se autorizará una vez que se aprueben los presupuestos de 2018. El año pasado se planteó de forma provisional una instrucción para la inclusión de criterios sociales, éticos y medioambientales en la contratación, que aunque no han sido aprobados definitivamente «sí se pueden aplicar porque están recogidos por la nueva Ley de Contratos». El Ayuntamiento fijará el porcentaje de acuerdo con los centros especiales de empleo (discapacitados) y con las empresas de inserción (colectivos en riesgo de exclusión, como parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia, etc.) para saber qué actividades y qué cantidades tienen capacidad para absorber. De esta forma, se determinará un porcentaje que sea «realista y tangible».
El edil Martínez-Oliva indica que se reunirá con centros de empleo para conocer qué cantidad pueden absorber
El Observatorio de Zaragoza
REAS destaca la iniciativa de otros ayuntamientos como el de Zaragoza, donde funciona el Observatorio de la Contratación Pública y donde participan entidades locales y agentes económicos y sociales que velan por la introducción de medidas de eficiencia, eficacia y transparencia en cuanto a calidad, ahorro para las arcas públicas y retorno social de la inversión. «Creemos que es posible promover una economía al servicio de las personas y la comunidad que repercuta positivamente en el entorno. El objetivo es alcanzar el pleno potencial de la nueva ley», indica Carinci, convencido de que es posible crear empleo en sectores desfavorecidos aplicando estos criterios.
