El Ayuntamiento de Zaragoza comenzará a incluir cláusulas sociales de género en todas sus convocatorias de subvenciones. La medida, anunciada por la concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, viene a completar la tomada en septiembre de 2016, cuando el Consistorio incorporó este tipo de cláusulas en todos sus contratos públicos.
El objetivo, señaló Gracia, es garantizar que las personas y entidades beneficiarias se comprometan a aplicar criterios de igualdad de género en sus actividades y proyectos. A modo de prueba piloto, estas cláusulas se establecieron ya en la última convocatoria de subvenciones de Cooperación.
Fuentes de la Concejalía indicaron que el proceso “está muy avanzado” para incluir la medida en el Plan de Subvenciones para 2019. Entre las cláusulas en las que se está trabajando, algunas afectarán a la propia entidad solicitante, y tendrán que ver con la paridad en los órganos de dirección, que recojan datos desagregados o que usen un lenguaje inclusivo y no sexista.
Otra parcela será la que tenga que ver con el proyecto en cuestión susceptible de ser subvencionado. En este sentido, apuntaron las mismas fuentes, se valorará el enfoque de género del mismo y se establecerán qué documentos de seguimiento han de tener y qué datos solicitar en la memoria de subvenciones.
El 1 de septiembre de 2016 empezaron a incorporarse estas cláusulas en los contratos públicos. Desde entonces, las 182 empresas que han accedido a un contrato municipal se han comprometido a aplicar acciones específicas relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. También han acogido esta medida, de forma progresiva, las sociedades y patronatos municipales, con el resultado de 48 contratos firmados con este tipo de compromisos.
Las obligaciones articuladas por estas medidas tenían dos vertientes: por un lado, una que afectaba a todas las contratas –y que eran las mismas que se aplicarán para las subvenciones– relacionadas con el lenguaje, la imagen y los datos desagregados. A las empresas que tengan más de 250 empleados, que por ley están obligadas a realizar un Plan de Igualdad, se les pide cumplir con la legislación vigente. A las empresas más pequeñas, al no tener que hacer dicho Plan, se les exige que, al menos, presenten tres medidas de conciliación.
La segunda vía se refería a los contratos cuyo objeto fuera trabajar en favor de la igualdad: se compele a las empresas a que reserven un 40 % de sus nuevas incorporaciones a mujeres y, de ellas, un 15 % a aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social.