El presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, ha argumentado este miércoles, sobre los retos que plantean al Tribunal de Cuentas las cláusulas sociales y medioambientales, que recoge la nueva legislación que «dichas novedades obligan, sin duda, a un replanteamiento de la función de control del Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública, enriqueciendo las fiscalizaciones de cumplimiento con la incorporación de la verificación y el análisis en materia de gestión, extendiendo las mismas a las valoraciones sobre eficacia, eficiencia y economía de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación, en las que se incluyan tales cláusulas».

La intervención de Medina se ha encuadrado en el curso sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que, organizado por el Tribunal de Cuentas, se está celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, ha informado este organismo fiscalizador a través de una nota.

Medina ha iniciado su intervención contextualizando la importancia que, en las funciones del Tribunal de Cuentas, ha tenido la contratación pública, porque forma parte de las leyes reguladoras de la Institución o por la legislación general de contratación, además de por «el importante número de recursos públicos que conlleva dicha actividad administrativa y, especialmente, por el gran impacto social que han tenido algunas prácticas ligadas a la corrupción en esta materia». El ponente ha descrito las tres fases en que se han venido sucediendo las actuaciones del Tribunal de Cuentas. Javier Medina ha señalado la primera de ellas, hasta 2006, en la que predominan las fiscalizaciones cuyo objeto venía constituido por un determinado contrato o conjunto de contratos de una entidad pública. La segunda, hasta 2013, donde las fiscalizaciones se llevaban a cabo a través de informes generales relativos a un determinado sector o subsector de las Administraciones públicas en su conjunto. En esta etapa, las conclusiones y recomendaciones eran de carácter genérico, por lo que se echaba en falta la identificación directa de sus destinatarios, lo que llevó al Pleno del Tribunal de Cuentas a reflexionar sobre la conveniencia de su continuidad. La tercera etapa, hasta la actualidad, ha supuesto un desplazamiento de los informes generales en favor de informes específicos sobre contratación referidos a una entidad u organismo, manteniéndose, no obstante, los informes generales en los ámbitos de los sectores autonómico y local.

Javier Medina ha señalado que «durante el próximo ejercicio, y a solicitud de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas pondrá en marcha un informe general de contratación referido al conjunto del sector público en el que, partiendo de los informes específicos de fiscalización realizados en el ejercicio, se resuman y expongan las principales irregularidades y deficiencias detectadas en dichos informes». Ha destacado el puntual cumplimiento por los entes fiscalizados de las recomendaciones contenidas en estos informes, así como, el impacto que las mociones aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas han tenido en la legislación. De estas mociones, ha puesto como ejemplo dos: una sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas, de 20 de noviembre de 2010, y la relativa a la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las Administraciones públicas, de 22 de diciembre de 2016. También ha destacado la importancia de las instrucciones dictadas por el Tribunal de Cuentas como herramientas que han contribuido a canalizar y facilitar el flujo de información entre las Administraciones Públicas y el propio Tribunal de Cuentas.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191016/471027597272/el-tribunal-de-cuentas-aprecia-que-las-clausulas-sociales-y-ambientales-en-la-contratacion-enriquecen-la-fiscalizacion.html