La nueva Ley de contratación pública, que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, obliga a conocer los cambios en los procesos administrativos y las condiciones derivadas de la aplicación de las novedades normativas.
La nueva Ley de contratación pública, que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, obliga a conocer los cambios en los procesos administrativos y las condiciones derivadas de la aplicación de las novedades normativas.