“La Economía Solidaria cuenta con propuestas para su desarrollo público”

14 Sep, 2021

Nos acercamos al Grupo de Políticas Públicas de REAS Red de Redes para conocer su labor de la mano de la campaña #LaClaveESSlaGente.

¿Por qué un grupo de políticas públicas dentro de REAS?

María Atienza: En su práctica cotidiana, REAS Red de Redes trabaja a través de comisiones y grupos de trabajo, en aquellas temáticas que son de interés para el conjunto de la red y que responden a los objetivos de su plan de trabajo, como es la incidencia social y política.

La conformación de una comisión en este ámbito, pretende trabajar de forma más coordinada con las redes territoriales y sectoriales de la red para llevar a cabo acciones como la elaboración de propuestas de políticas públicas, la participación en campañas de incidencia con otros movimientos sociales o la participación en mesas de debate y espacios de confluencia.

¿Qué propuestas de políticas públicas propone la Economía Solidaria?

Carlos Askunze: La Economía Solidaria es un enfoque y un movimiento con un profundo carácter político. Se trata de una manera de entender y hacer economía que persigue transformar la propia esfera económica y, con ello, desarrollar una propuesta sociopolítica basada en la defensa de la sostenibilidad de la vida. Este es el punto de partida de su dimensión política y, por ello, junto a otras corrientes críticas y en alianza con otros movimientos, persigue transformar el sistema capitalista y contribuir a la extensión de una economía más equitativa, inclusiva, democrática y sostenible. Esta dimensión se traduce en el desarrollo de programas y agendas comunes con otras economías transformadoras y otros movimientos como el feminista o el ecologista, la participación en acciones de presión política, así como en el impulso de prácticas de sensibilización y movilización social.

Más allá de dicho carácter general, la Economía Solidaria cuenta con un repertorio de propuestas concretas para su desarrollo en el ámbito público, en mayor medida en instituciones y espacios de proximidad, pero también a escala supralocal. Se trata de propuestas para construir modelos de desarrollo local alternativo que contemplen la transformación de los sistemas productivos, su supeditación a los procesos necesarios para la sostenibilidad ambiental y social de la vida, el soporte y valorización de las cadenas económicas locales y el desarrollo de mercados sociales, el impulso de prácticas asociativas y transformadoras en sectores como el de las finanzas, la alimentación, la energía, la vivienda o la cultura, el despliegue de modelos de emprendizaje de carácter social y cooperativo o la promoción de estrategias de empleo inclusivo.

Igualmente, la Economía Solidaria propone una estrategia de transición eco-social en materias como la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la gestión de los residuos, la limitación del consumo, la gestión pública y eficiente del agua, la defensa de la biodiversidad o la gestión sostenible del territorio. Un modelo socioeconómico que coloque la vida en el centro, para lo que también se proponen medidas para la reorganización social de los cuidados que asegure el derecho al cuidado de todas las personas, su desarrollo en condiciones dignas y a través de la responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad: instituciones públicas, agentes sociales, comunidad y hogares.

Finalmente, la Economía Solidaria defiende aquellas propuestas políticas que, por un lado, garanticen los derechos humanos, sociales y económicos de todas las personas, así como que promuevan el sostenimiento y crecimiento de los sistemas de protección social y, por otro, el desarrollo nuevo modelo de gobernanza más abierto, distribuido y participativo.

La Economía Solidaria lleva años demandando y promoviendo una contratación pública responsable, ¿por qué? ¿Qué beneficios puede traernos y cuál es el estado actual de esta práctica?

Luigi Carinci: Desde REAS Red de Redes llevamos años fomentando la contratación pública responsable, ya que la contratación pública de por sí representa alrededor de un 18% del PIB a nivel estatal. Por tanto, el impacto de la contratación pública en la economía no sólo en clave estatal sino también a nivel local, representa un motor fundamental para todo el entramado económico, tanto para las grandes como las pequeñas y medianas empresas.

Es por eso, que desde REAS Red de Redes creemos que es fundamental fomentar una contratación pública más responsable para no sólo contratar productos y servicios más responsables y sostenibles a nivel social y ambiental, sino también por la valía pedagógica a nivel micro y macro escala económica.

Por tanto, la contratación responsable significa fomentar conductas laborales más respetuosas con los derechos de los trabajadores, fomentar la conciliación laboral y familiar, políticas de igualdad no sólo en el ámbito laboral, también en el ámbito social, disminuir el impacto ambiental de la producción y vehicular unas políticas económicas de producción y comercialización que sean más respetuosas con el entorno social y ambiental. En definitiva, fomentar la contratación pública responsable significa fomentar políticas económicas que tengan que ver también con la mejora de la eficiencia de la contratación y el gasto público para que ese 18% del PIB sea un motor de la economía con valores.

El estado actual de la contratación responsable es mejorable, no obstante, a partir de la nueva Ley de contratos del sector público (LCSP) de 2017 se han hecho avances a nivel estatal y local, se ha aprobado mucha legislación para el fomento de la contratación y compra pública responsable en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

No obstante, queda mucho por hacer sobre todo en el ámbito de la formación no solo a la Administración Pública, sino también a la empresa vinculada a los procedimientos de contratación pública y también en educación a la ciudadanía. En el ámbito legislativo, se ha avanzado con la nueva Ley pero el ámbito de seguimiento del procedimiento de contratación todavía no se ha desarrollado del todo en la legislación.

El impacto de la contratación pública responsable podría ser muy superior si se aplicara sobre todo la contratación y reserva de mercado a las Empresas de Inserción (E.I.) y los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social, que daría pie a la contratación de personas trabajadoras que de otra forma no tendrían salida en el mercado laboral.

Por último, es importante desarrollar una contratación de carácter estratégico para poder dar salida y aprovechar todo el potencial de la contratación pública responsable en términos de impacto ambiental y social, por tanto la Administración Pública debería de trabajar de la mano de los agentes económicos y sociales para poder preverse cambios en la contratación y desarrollar estrategias a largo plazo para poder no solo contratar de forma más responsable sino apoyar en la construcción de un tejido social económico para una producción más sostenible.

¿Qué medidas y planes existen actualmente en la materia en el Estado español? ¿Algún ejemplo internacional que sería de interés implementar aquí?

María Atienza: En los últimos años se han venido desarrollando e impulsando diferentes planes y estrategias en el ámbito de la economía social y solidaria como es el caso de la Estrategia Española de Economía Social o los diferentes planes de ámbito local de territorios como ValenciaNavarraZaragoza y Baleares en la que además han participado las diferentes redes de REAS en su proceso de elaboración. En la actualidad, la mayoría de estos planes van a tener una continuidad en el tiempo como es el caso de la Estrategia Española de Economía Social que está trabajando en la actualidad.

Respecto a experiencias internacionales, es interesante Socieco.org, una plataforma de recursos en el ámbito de la Economía Social y Solidaria, ha elaborado diferentes cartografías, en concreto un mapa de políticas públicas en donde se pretende dar respuesta a ¿Cuáles son las políticas públicas para la economía social y solidaria? ¿Para quién? ¿Por quién? ¿A qué escala territorial? ¿Cuáles son las ciudades pilotos? ¿Qué espacios de co-construcción?

La auditoría social, promovida por REAS y la ESS, se viene conformando como una herramienta de transparencia y mejora empresarial de referencia hasta el punto de que hay algunas administraciones públicas que lo toman de referencia para sus contratos y subvenciones. ¿Por qué es importante esta práctica y qué escenarios de crecimiento hay en su uso por parte de otros sectores económicos y las Administraciones públicas?

Javier Liras: La Auditoría social permite reflejar el compromiso de las empresas con los principios de la economía solidaria. A través de los datos recogidos, se han establecido una serie de indicadores los cuales dan un reflejo del grado de compromiso de esa empresa con el compromiso social, ambiental, de participación, más allá de los discursos que ésta empresa realice. Por una parte, es un ejercicio de transparencia a través de la cuál las empresas “enseñan su corazón”, pero también un ejercicio de mejora, pues los resultados obtenidos sirven también a las empresas para progresar en aquellos aspectos en los que ven que pueden hacerlo. Indicadores como la brecha salarial, la proporción de mujeres en puestos de toma de decisiones o el destino que se da a los beneficios económicos son algunos de los ejemplos de indicadores que hacen referencia al compromiso social real que esa entidad tiene.

De esta forma, se ofrece una herramienta que puede ser utilizada por parte de las empresas y administraciones públicas para conocer la realidad del compromiso de las empresas que les prestan servicios. Que empresas y administraciones públicas valoren la Auditoría Social hace que se produzca un cambio de modelo en el que no sólo se valoren los índices económicos de la actividad, sino también los sociales. Una administración pública debe asegurar que con sus contratos no está contribuyendo a aumentar las injusticias sociales.

Este es un reto que tenemos en marcha. Que cada vez se conozca y se valore más este instrumento que pone al servicio REAS y las ESS. El objetivo es que tanto administraciones como ciudadanía lo conozcan y puedan recurrir a él como método de valoración. Con esto estaremos cambiando la visión empresarial más allá de lo simplemente económico hacia otra más social y solidaria.

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