La transparencia del tomate. Capítulo 2

21 Oct, 2021

La fama de la Administración Pública es alargada y, si bien es cierto que a menudo esta fama está ganada a pulso, también es cierto que hay esfuerzos para simplificar y modernizar la Administración, para poder tomar decisiones más eficientes y eficaces con los recursos de los cuales dispongamos.

En nuestras rutinas de consumo no tenemos que dar explicaciones de por qué decidimos una cosa u otra. Precisamente, el hecho de no hacerlo nos da mucha libertad para poder tomar las decisiones que creemos más convenientes según nuestros intereses.

La administración pública tiene que justificar e informar de sus decisiones

Si decido comprar unos tomates del supermercado cooperativo de mi ciudad, no tengo que ir justificando por qué, de entre toda la variedad de tomates, decido comprar justamente los de la cooperativa. Y si al día siguiente decido comprar una bandeja de tomates en una gran superficie, tampoco. Y es más fácil, y es más rápido, no tener que justificar nada, aunque nuestra decisión haya significado el derroche de los recursos. No tenemos que responder ante nadie.

Pero, recordamos que la compra y la contratación de la Administración Pública, supone alrededor del 14% del PIB a nivel de la UE. Hablamos de muchos recursos, que se dedican a unos procesos donde el riesgo de corrupción (y por tanto a la ineficiencia e ineficacia) son inherentes a su acción, tal como se muestra en el estudio de la Oficina Antifraude del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, aquí sí que son importantes tres elementos:

Justificar por qué se toman las decisiones desde el inicio del expediente.
Reducir las posibilidades de decisiones discrecionales o que respondan a intereses personales.
Facilitar la información de qué se compra, cómo se compra y a quién se compra porque la ciudadanía, organizada o no organizada, pueda hacer un seguimiento de la acción de la administración pública como consumidora.

Durante la pandemia de la COVID-19, las compradoras públicas han tenido dificultades para garantizar los bienes y los servicios necesarios para combatir la situación. Inevitablemente, se ha puesto de nuevo sobre la mesa la importancia de contar con medidas preventivas relativas al grado de preparación y evaluación del marco jurídico de los instrumentos de acuerdo con los principios de transparencia, la igualdad en el trato, la competencia leal y la integridad en la contratación pública.

En este sentido, la transparencia, la rendición de competencias y la competencia leal son elementos claves para garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos de la Administración Pública y para hacer frente a situaciones de crisis, así como crear las condiciones necesarias para impulsar la recuperación. Siempre sin poner en riesgo la transparencia, la igualdad en el trato, la competencia leal y la integridad en la contratación pública.

Por lo tanto, para buscar esta eficiencia y eficacia en el gasto público (nuestros recursos), la Administración tiene que ser una entidad transparente, tiene que rendir cuentas y tiene que dar garantía de la legalidad de los procesos que pone en marcha, y así reducir al máximo las voces que nos hablan de la Administración Pública como una entidad oscura, discrecional y corrupta.

Marco legal favorable

En la actualidad, desde las directivas aprobadas por la UE, y su transposición al marco jurídico estatal con la Ley 9/2017, se trabaja en esta línea.

La transparencia es uno de los pilares en los cuales se tiene que basar la compra y contratación pública, y queda reflejada en la eliminación del tipo de procedimiento de compra: negociado sin publicidad por razón de cuantía. Este procedimiento ha quedado excluido en tanto que implicaba carencia de publicidad y, por lo tanto, generaba situaciones de desigualdad entre posibles empresas interesadas a ser proveedoras de la Administración. Pero esta es una de las medidas, entre otras, que se incluyeron en esta normativa. También podríamos hablar que con el fin de aumentar la transparencia y reducir la corrupción, se han incorporado medidas específicas: dos nuevos procedimientos abiertos simplificados a partir de los cuales se obliga a las administraciones a la publicación de los principales datos de los contratos menores, se ha reducido el importe máximo de estos, se ha limitado la adjudicación anual por contrato menor al mismo contratista, se obliga a la licitación electrónica, etc.

La transparencia es uno de los pilares en los cuales se tiene que basar la compra y contratación pública

Otro básico incorporado es que la información de los procesos de compra estén abiertos por las empresas que quieran licitar, pero que también la ciudadanía pueda hacer un seguimiento de los procesos de adjudicación. En este sentido, están los diferentes portales de contratación, tanto de la Comunidad Autónoma de Cataluña como la Plataforma de Contratación del Sector Público. En este último, encontramos las licitaciones de todo el territorio y los organismos de contratación habilitados, así como toda la información sobre los expedientes generados en la compra y contratación de un servicio.

Desgraciadamente, a pesar de tener una normativa que parece ligar todos los hilos porque haya una máxima transparencia y un riesgo casi nulo de corrupción, la aplicación de la normativa no es todavía del todo efectiva, no solo de la parte que afecta la transferencia, sino de toda la LCSP en general. Y es por eso que son muy importantes todas las iniciativas ciudadanas encaminadas a fiscalizar las actuaciones de las administraciones e ir profesionalizando la tarea de los responsables de compra y contratación.

Evitar la corrupción

La corrupción es moralmente reprobable, pero sobre todo es ineficaz e ineficiente. Supone un gasto excesivo e inadecuado del dinero de todas y, por lo tanto, es necesario reducir al máximo estas prácticas. Pero una mayor regulación de los procesos de compra y contratación no han derivado en una reducción de los casos de corrupción. El marco regulador es necesario, pero no suficiente par abordar de manera transversal el problema de la corrupción. De hecho, la mejora en los procesos de compra y contratación pública es una de las 25 actuaciones que se prevén a la Estrategia Anticorrupción de la Generalitat de Cataluña, aprobada el enero del 2020, donde destacan la importancia de las consultas preliminares o la necesaria profesionalización de los órganos de contratación de la Generalitat.

La corrupción supone un gasto excesivo e inadecuado del dinero de todas

Transparencia y datos abiertos son la base para la creación de una cultura de contratación responsable que dé respuesta a las expectativas de los grupos de interés. Los datos abiertos significan una mayor compartición de la información con los mercados, una mejora de la eficiencia y de la competencia, así como una mejora en el seguimiento de los contratos. Tenemos portales como Open Contracting Partnership, el cuál trabaja de manera colaborativa para reducir los riesgos implícitos en los procesos de compra y contratación en todo el mundo.

International Budget Partnership es también un trabajo colaborativo de la sociedad civil, administraciones y sector privado que elabora anualmente el Open Budget Index, donde la transparencia en España se sitúa como insuficiente (53/100) y por debajo de la media de los países de la OCDE. La Comisión Europea también realiza un informe sobre la evolución de la compra y contratación pública de los países de la UE, partiendo de los principios de la transparencia, igual trato y no discriminación, y basado en 12 indicadores diferentes, y en el cual España se vuelve a situar por debajo de la media. Finalmente, también hay portales como Civio, que tienen apartados especiales sobre contratación que se centran en la investigación de los contratos públicos a fondo: irregularidades, corrupción y detalles del funcionamiento.

Queda claro que el marco legal es necesario, pero no suficiente, puesto que también hace falta una tarea activa de los grupos de interés que presionen a nuestro sector público para saber, no solo qué compran y a qué, sino también conocer cómo lo compran y los impactos generados por la acción consumidora del sector público.

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