El Gobierno pretende poner en marcha un plan de choque a tres años para reducir las cifras de parados de larga duración –aquellos en búsqueda activa de empleo desde hace más de un año–.

El «Plan Reinserta» prevé, entre los años 2019 y 2021, lograr reducir el desempleo de larga duración en casi medio millón de personas en ese periodo, a razón de unos 150.000 parados netos al año.

Para ello ,contempla iniciativas desde la extensión de los 3.000 orientadores que se anunciaron cuando se aprobó el plan de choque para el empleo joven, hasta el fomento de la colocación de estos desempleados a través de la contratación pública.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen dos directivas europeas, ya estableció la obligatoriedad de incluir consideraciones sociales en cualquier contrato que celebre la Administración con las empresas. Así, los pliegos deben presentar este tipo de consideraciones entre los criterios de adjudicación, entre los criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución.

Entre estas cláusulas, el Gobierno se ha propuesto incluir aquellas que generen un mercado de trabajo inclusivo y, para ello, el texto propone que, “para aquellos contratos públicos que supongan la creación de más de 10 puestos de trabajo, se incorporen, como criterio de ejecución, la contratación de un mínimo del 10% de personas paradas de larga duración”, del mismo modo que existe una reserva similar por Ley para aquellos procedentes de Centros Especiales de Empleo y de Empresas de Inserción. En concreto, el borrador especifica que estos parados deben ser, fundamentalmente, personas de 45 o más años.

 
 

Fuente: https://www.elindependiente.com/economia/2019/03/13/sanchez-parados-larga-duracion/