Expectación y optimismo. Las pymes del sector de la construcción afrontan con buenas sensaciones los cambios que introduce la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el pasado 9 de marzo, que marcará un antes y un después en este gremio. Estas nuevas reglas de juego pretenden dar mayor cobertura a las pequeñas empresas porque, entre otros aspectos, permite segregar las grandes licitaciones en diferentes partidas. Además, tendrán conocimiento de todos los contratos por menores que sean. Pero también supone un gran reto para los contratistas ya que en la selección de los proyectos primará la mejor relación calidad-precio y se exigirá el cumplimiento de cláusulas sociales y ambientales.
GRAN INTERÉS EMPRESARIAL
Prueba del interés que despierta la nueva legislación es la jornada organizada ayer por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), que se celebró en la sede de CEOE Aragón con la participación de cerca de un centenar de profesionales del sector. Estos pudieron conocer de primera mano las luces y sombras que se puedan encontrar en la aplicación de la ley en los contratos de obra.
«Es un nuevo escenario y unas nuevas dinámicas que pretenden dar más contenido a la transparencia en las relaciones entre empresas y administraciones públicas», explicó Juan Carlos Bandrés Barrabés, presidente de la patronal CEAC, quien consideró «muy positiva» la ley porque redundará en un sector «más profesionalizado» y de «mayor calidad».
La norma adapta al ordenamiento jurídico español las directivas europeas sobre contratación pública. Aunque ya está en vigor, su aplicación completa tardará en llegar en torno a un año, según se puso de relieve en la jornada, que tuvo como ponentes a Pedro Fernández Alén, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC); José Mª Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo; y Ángel Bernal Blay, director general de Contratación del Gobierno autonómico.
La nueva normativa es de «enorme trascendencia», «ambiciosa» y «potente», según recalcó Bandrés durante la jornada. Aunque advirtió de que al sector «le costará algo adaptarse» debido, entre otras razones, a que obliga a realizar todos los trámites de forma digital, consideró que «a la larga será muy positiva y ayudará a construir empresas de mayor tamaño y solvencia» en la comunidad aragonesa.
