«Al celebrar los contratos, la Administración no debe proponerse una sórdida ganancia, abusando de las pasiones de los particulares, sino averiguar el precio real de las cosas y pagar por ellas lo que sea justo». Javier Mendoza, investigador de la Universidad de La Laguna (ULL), ve en este fragmento de la primera ley moderna sobre contratación pública, de 1852, un ejemplo del espíritu que debería presidir los procesos mediante los que las administraciones adjudican obras y servicios al sector privado.

Mendoza forma parte del equipo que ha asesorado al Gobierno de Canarias en la elaboración de la futura norma autonómica que regulará la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública y que buscará complementar lo ya contenido en la nueva ley nacional de Contratos del Sector Público. En sus contactos con los funcionarios -los encargados de llevar a la práctica esta nueva orientación de la contratación administrativa-, ha encontrado «creatividad» y «buena voluntad», pero también un déficit de formación -que los propios empleados públicos- y de conocimiento del sector de la economía social -centros especiales de empleo y empresas de inserción-, lo que dificulta que las intenciones se traduzcan en hechos.

Otra contratación pública es posible. Así lo cree Mendoza y así lo ha plasmado en su tesis doctoral, que leyó el pasado septiembre y desarrolla una propuesta para la aplicación de este proyecto. Esa nueva filosofía puede convertir las adjudicaciones de obras y servicios por parte de las administraciones en «política social eficiente, a coste cero», como la que ha tenido la oportunidad de ver en algunas licitaciones de instituciones canarias -cita una del Cabildo de La Gomera- y que podría multiplicarse si se aprovecharan las posibilidades que ofrecen los cambios legislativos.

Potenciar los factores sociales y medioambientales en los concursos puede ser una vía, defiende el investigador, para crear empleo e incluso empresas. En Canarias existen once empresas de inserción, diez de ellas en la provincia, entidades «profesionalizadas» que persiguen el objetivo de facilitar la inclusión pero que también atienden a criterios de rentabilidad. Además, la contratación responsable reduce el gasto en prestaciones sociales y de desempleo.

«Más de 125 años de concursos públicos asociados en su mayoría al precio más bajo han creado una cultura en la que los costes tienen una gran importancia a la hora de evaluar y donde el éxito se mide en función de cuánto dinero se pagaba por las obras y servicios contratados, sin tener en cuenta las posibles externalidades positivas y negativas que se podían generar desde la Administración». En este pasaje de su tesis, Mendoza dibuja una situación que hace falta superar. «La nueva ley -sostiene- da la oportunidad a la gente que trabaja en contratación de pasar de ser los villanos de la película a los héroes».

Para que esta transición sea efectiva, es preciso afinar en los mecanismos de control que permitan determinar si las condiciones recogidas en los contratos se cumplen: si se ha ayudado a la contratación de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión o a mujeres víctimas de violencia de género, si se ha favorecido la creación de empresas sociales, si se han usado materiales ecológicos o energías renovables…, en definitiva, para que las buenas intenciones no se queden en los pliegos. Mendoza sugiere crear un observatorio de la contratación pública responsable, integrado por universidades, administraciones y empresas del sector.

El equipo del que forma parte el investigador ha impartido cursos durante más de dos meses a empleados públicos de todas las islas que culminaron a comienzos de diciembre con dos talleres prácticos. «Hay buena predisposición, pero se necesita apoyo y asesoramiento, y en eso reivindico la labor de la Universidad», afirma.

De hecho, una de las aportaciones de Mendoza a la futura normativa canaria sobre contratación pública responsable es la inclusión de un plan de formación para los funcionarios. «De nada sirve establecer cómo hacer las cosas en una ley si luego no preparamos a la gente que lo tiene que hacer», advierte.

Esa escasa formación puede explicar que en Canarias solo se hayan publicado cuatro contratos reservados -en los que se asigna una parte de una licitación a empresas de inserción o centros especiales de empleo-, pese a que en los presupuestos generales de algunas administraciones -entre ellas el Gobierno regional- se incluya esta posibilidad, y de forma «bastante potente».

Pero, aunque es bueno ser ambicioso, también lo es reflexionar. Mendoza aconseja, en este sentido, «no obsesionarse con que todo tiene que llevar el mayor número de cláusulas sociales y medioambientales». El descenso de las licitaciones que, previsiblemente, seguirá a las próximas elecciones puede ser el momento idóneo para pararse a pensar y trazar un plan.

Fuente: https://eldia.es/canarias/2018-12-16/24-Politica-social-coste-cero.htm