REAS celebra la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público por el avance que supone en la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, y los consiguientes beneficios sociales que de ello se derivarán, en materia de empleo, cohesión social y sostenibilidad, entre otros. El texto definitivo ha sido publicado en el
REAS celebra la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público por el avance que supone en la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, y los consiguientes beneficios sociales que de ello se derivarán, en materia de empleo, cohesión social y sostenibilidad, entre otros. El texto definitivo ha sido publicado en el BOE con el título Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y fecha de ayer 8 de noviembre. La versión final y definitiva de la ley puede consultarse en este enlace: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y aprobada el pasado día 19 de octubre en el Congreso de los Diputados, insta a las Administraciones públicas a incorporar criterios sociales y ambientales en su contratación pública, contratación que supone cerca del 20% del PIB a nivel estatal y, que convierte por tanto al conjunto de las administraciones públicas en el mayor empleador y el más importante consumidor del Estado. Se trasponen así finalmente las Directivas europeas de Contratación Pública (directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) que deberían haber sido incorporadas al sistema jurídico español con límite de abril de 2016.
Desde la Economía Social y Solidaria creemos que las políticas de contratación del Estado y sus instituciones deben ser coherentes con el resto de políticas, especialmente con las que promueven el bienestar y la equidad, la inclusión social, la dignidad en el trabajo, el respeto a la negociación colectiva y a los convenios laborales, la sostenibilidad medioambiental y la cooperación y solidaridad con otros países, para hacer de la gestión algo más efectivo y eficiente. Las Administraciones Públicas deben apostar por entidades y empresas que potencien sus objetivos sociales, económicos y ambientales para favorecer un cambio de modelo de desarrollo.
Nos congratulamos por ello de la presente aprobación así como por la inclusión en el texto final de la mayoría de las mejoras propuestas por REAS a los proyectos de ley publicados en diciembre de 2016. Dichos proyectos de ley, si bien recogían algunos de los aspectos sociales, éticos y ambientales que las directivas europeas promovían, no desarrollaban todo su potencial y no consideraban muchas de las opciones que las directivas abrían. Por esta razón, REAS elaboró una batería de propuestas de enmiendas que posteriormente presentó y debatió con los diversos grupos parlamentarios, con el objetivo de mejorar los proyectos de ley e impulsar una contratación pública que contribuya a la cohesión e inclusión social y esté al servicio de un desarrollo humano sostenible. Queremos destacar la buena recepción y acogida que nuestras propuestas tuvieron por parte de los diferentes grupos parlamentarios y agradecemos su disposición a dialogar y profundizar en las cuestiones planteadas.
Entre las cuestiones relevantes para la Economía Social y Solidaria que han sido incorporadas a la Ley destacamos las siguientes:
• Los criterios sociales y medioambientales se han de incorporar de manera transversal en toda contratación.
• Siempre que sea posible, los contratos deberán dividirse en lotes, facilitando así el acceso a los contratos públicos de las pequeñas y medianas empresas.
• Se sustituye el concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos por el de mejor relación calidad-precio.
• Se incorpora como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la Economía Social.
• Mejora la definición y exigencias de la reserva obligatoria de contratos para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo, limitándose esta reserva en el caso de los Centros Especiales de Empleo a los de Iniciativa Social, tal y como el sector venía demandando históricamente.
• Se recogen múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales, tanto en los criterios de adjudicación de los contratos como en las condiciones especiales de ejecución de los mismos.
Entendemos el presente documento como un resultado de años de trabajo para el fomento y la promoción de políticas de contratación pública responsable. En este sentido, son diversas las acciones realizadas por la red, como la elaboración en junio de 2016 de una página web sobre contratación pública responsable, para facilitar la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública, impulsar en las instituciones la compra con criterios éticos, ecológicos y de transparencia, y extender el conocimiento de estas herramientas de justicia social, equidad y reparto en el entorno de la Economía Social y Solidaria y la sociedad en general; o la edición de diversas guías sobre el tema.
REAS valora los beneficios que la Ley supondrá para el sector, al permitir una mayor accesibilidad a la contratación pública a pequeñas y medianas empresas así como a entidades y empresas de Economía Social y Solidaria.