El pasado mes de junio se presentó públicamente la Plataforma de Empresas Responsables que ha sido formada por un grupo de organizaciones (Alboan, Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Anesvad, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Greenpeace, Fundadeps, Observatorio de Responsabilidad Corporativa y el sindicato USO) con la finalidad de lograr la aprobación de una ley que obligue a las empresas a garantizar la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente en su actividad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La Coordinadora de Comercio Justo, una de las redes sectoriales socia de REAS, también se ha adherido a la Plataforma.
En concreto, desde la Plataforma piden que la Ley establezca:
La adopción de una obligación formal de debida diligencia para las empresas españolas y para las que operen en el mercado español.
La adopción de un sistema de sanciones e infracciones para las empresas que incumplan la obligación anterior, sin necesidad de esperar a que se produzca el daño.
Permitir el acceso a la justicia para todas las personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.
Nombrar una autoridad competente e independiente para vigilar el cumplimiento de la Ley.
Transparencia y cumplimiento de la Ley sobre información no financiera.
Esta ley garantizará que las empresas españolas y empresas extranjeras que operen dentro de nuestras fronteras, respeten los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor y además garantizaría el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos. Esta Ley se enmarca en Directiva Europea que está a punto de aprobarse en el 2021 y que exigirá a las empresas a desarrollar planes para identificar, prevenir, detener y mitigar los impactos reales y potenciales en derechos humanos y medioambientales causados por la actividad empresarial.
A nivel europeo ya hay precedentes de aprobación de leyes en Francia que aprobó una Ley en este sentido en 2017 y Alemania y Noruega que acaban de hacerlo en junio de 2021. También hay procesos políticos abiertos en la misma materia en Austria, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo y Holanda.
En este enlace se puede acceder al manifiesto completo y a la propuesta técnica.
REAS defiende una contratación pública responsable
Desde REAS Red de Redes trabajamos para el fomento, impulso y promoción de una contratación pública responsable para que sea una herramienta para la consecución de valores como la redistribución de la riqueza, la justicia, igualdad y la cohesión social; Las instituciones públicas contratan a empresas para dar respuesta a las necesidades de bienes y servicios públicos y son las encargadas de preparar los términos de estos contratos, adjudicarlos, supervisar su cumplimiento y rescindirlos. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse en la contratación pública a través de la implementación de cláusulas sociales y medioambientales.