Los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebraron en Barcelona las VI Jornadas de Compra Pública Socialmente Responsable, que llevaban por título “La urgencia de una mirada global con justicia social a los procesos de transición ecológica”.
Las jornadas presentaron las oportunidades normativas actuales que pueden servir para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y del medio ambiente en las cadenas de valor, pero también sirvieron de llamamiento a las administraciones y a la ciudadanía en general sobre la importancia de los procesos de transición ecológica que se están proponiendo desde el norte global.
La primera mesa, donde participaron Jorge Conesa (Fair Trade Advocacy Office) y Nicola Scherer (Observatorio de la Deuda en la Globalización) se tituló Oportunidades y retos de las nuevas normativas europeas para la contratación pública. Según Conesa, «la ley de diligencia debida, actualmente en proceso de negociación, podría excluir de la contratación pública a las empresas que no cumplan con la ley», y añadió que «por cada euro gastado en compra pública responsable, se ahorran dinero público invertido en otros departamentos». Scherer, por su parte, habló sobre el Pacto verde europeo: «El crecimiento económico y de cero emisiones serán compatibles gracias a las nuevas tecnologías y la digitalización. El mensaje de los actores económicos es que habrá oportunidades de negocios y de creación de lugares de trabajo, aún en el contexto de crisis».
La segunda mesa, dedicada a los Impactos de la transición ecológica del norte en el sur global contó con la participación de Felip Daza (Odhe, Novact, Suds y Fets), Gisela Torrents i Ernest Gutiérrez (Observatori DESCA), Victor Garrido (Acción Sindical Internacional CCOO y de Industria), Csarina Musni (Unión Nacional de Abogados del Pueblo), y Luciana Fernández y Néstor Ruiz (OPSAL Argentina) y Laura Fontana (Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes).
Daza, que profundizó en las Responsabilidades del sector financiero español en la ocupación de Palestina a través del caso de la energía solar y el greenwashing, explicó que «hay 21 proyectos de energía solar que se concentran en el Valle del Jordán y Naqab. Hay un proyecto que plantea la necesidad de modernizar el desierto y extraer la mayor cantidad de recursos de éste. Hay diferentes tipos de financiación por parte de los bancos españoles, algunos son de inversión directa, a veces de forma individual a una empresa. Algunos son apoyos a través de inversiones, y a veces de inyecciones de capitales a fondo israelíes o bonos». Daza habló de casos concretos, como la participación del Banco Santander en un par de proyectos donde se han confiscado tierras en la población palestina.
En cuanto a la transición ecológica en el campo de movilidad, Torrents aseguró que es muy difícil que una persona en Cataluña tenga un coche eléctrico «salvo que gaste más del 15% de su salario». Hay que añadir que las minas están en el Sur Global y que la UE solo dispone del 1% de los minerales para cubrir lo que se necesita para el cambio de modelo a coches eléctricos para el 2050. Entre las propuestas que se plantearon, existe la renovación de vías ferroviarias, los cambios internos de los coches manteniendo la carrocería y, la más importante en cuestión de contratación pública: que la administración se asegure de que se minimiza el impacto ambiental y que los materiales de los coches que se contraten estén libres de afectación de derechos.
En cuanto a acción sindical para garantizar el trabajo decente en las cadenas globales de valor, Garrido aseguró que «se ha pasado de los debates de los códigos de conducta al estándar de las políticas sociales y los principios rectores. Y después al modelo de auditorías sociales para garantizar que una fábrica en Bangladesh cumple los estándares. Este es un modelo caduco de cadena de suministro. Desde los sindicatos se está impulsando un modelo más actualizado a través del ámbito legislativo, la debida diligencia y los modelos internacionales».
El resto de ponentes de esta mesa reforzaron la idea de que las minas de litio hacen temer que haya despoblación por destrozos del medio ambiente y que la electromovilidad implica un sacrificio de una región del mundo de animales, seres y plantas «que tienen el mismo derecho a la vida» (Néstor Ruiz). Fernández añadió que «las políticas de promoción energética empresarial implican el sacrificio de los territorios. Hay territorios que podrán salvarse gracias a la destrucción otros territorios».
La tercera mesa se centró en la coherencia de las políticas públicas y participaron Yoya Alcoceba (Directora general de Cooperación al Desarrollo del Departamento de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Catalunya), David Llistar (Director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ajuntament de Barcelona) y Mar Benseny (Junta de Lafede.cat y Directora de Programas en Novact). Según Alcoceba, su mandato es velar para que las políticas de gobierno contribuyan a lograr los objetivos de cooperación al desarrollo y velar para minimizar los posibles impactos negativos que éstas puedan suponer. Listar asegura que «el Ajuntament de Barcelona toma como punto de partida la justicia global, no el Desarrollo, y que pone el foco en las relaciones de poder y subordinación en un mundo crecientemente injusto». Benseny añadió que «la sociedad civil tiene que ser un actor de construcción de políticas públicas».
También hubo tiempo para mostrar buenas prácticas en la cuarta mesa de las jornadas, donde participaron Victor Torrents, de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), explicando las centrales de compra y las agencias de apoyo a la contratación sostenible; Rosa de Paz y Liz Massip, del Ajuntament de Manresa, que explicaron las cláusulas de comercio justo para prevenir la vulneración de derechos humanos a las cadenas de valor; y Rocío Paniagua, de Electronics Watch, que habló sobre la cadena de suministro de vehículos eléctricos y qué influencia pueden tener los compradores públicos.
De Paz y Massip explicaron que el primer pequeño éxito del Ajuntament de Manresa fue el contrato de suministro de bebidas frías y calientes y de alimentos sólidos, mediante máquinas expendedoras, en diferentes edificios del Ajuntament de Manresa. El comercio justo como objeto de contrato: el azúcar y el café tenían que ser de comercio justo o el proveedor no se podía presentar, más una serie de mejoras de otros productos sólidos (puntuación según porcentaje de producto de CJ). Debido a diferentes cambios políticos y a la crisis, han tenido dificultades para avanzar. Pero sí que aprovecharon el potencial del proyecto Ciudades por el Comercio Just (LaCoordi), que suponía dar un paso más allá. Desde el año pasado, son el primer municipio catalán por el comercio justo. Hay una auditoría cada dos años, y una de las condiciones es avanzar en compra pública responsable: presión y compromiso de introducir cláusulas en los pliegos municipales.
En cuanto a la central de compras del ACM, se inició hace diez años para cumplir con el objetivo que el municipio más pequeño compre con las mismas condiciones que los más grande. La gran mayoría de municipios de Cataluña son pequeños. De los 947 municipios, 904 usan la central de compras.
A través de sus compras (acuerdos marco), han establecido la Estrategia para la transición energética de los entes locales. La gran estrategia es hacer las cosas fáciles. A los entes locales les resulta muy fácil contratar a través de ACM, puesto que se ahorran la licitación (la hace ACM) y, por lo tanto, se liberan de toda una serie de problemáticas (lotes desiertos, etc.). Dentro de este procedimiento, uno de los puntos más importantes de los servicios que ofrecen es lo relacionado con la energía. El primer acuerdo marco que hicieron fue el de suministro de energía eléctrica: hay 1.073 entidades adheridas. Su estrategia consiste en obtener ahorros porque se inviertan en tecnologías o formas que generan más ahorros. Desde que han conseguido licitar y adjudicar generación fotovoltaica, han cerrado el círculo.
En cuanto a la influencia que pueden tener los compradores públicos en la cadena de suministro de vehículos eléctricos, Rocío Paniagua, de Electronics Watch, remarcó algunas lecciones aprendidas. A través de la inclusión de criterios, los compradores públicos pueden tener impacto sobre los fabricantes. Un compromiso exitoso con los fabricantes de equipos originales (OEM) requiere confianza y participación activa de los compradores públicos. El sector automotriz se encuentra rezagado respecto a otros sectores en la debida diligencia en derechos humanos y en la transparencia en la cadena de suministro. Las empresas de transporte público tienen influencia sobre los fabricantes de equipos originales (OEM). Ejemplo: Transport for London.
