El Gobierno de Zaragoza impulsa un decreto que imposibilita a aquellas empresas que hayan sido condenadas por realizar actividades ilícitas en paraísos fiscales a contratar con el consistorio. Si esta condena fuera sobrevenida, sería motivo de rescisión de un contrato, al incluirse esta cláusula como esencial y causante de falta muy grave que podría motivar la resolución contractual.