El Salto ha publicado este artículo en relación a la contratación pública que puedes leer AQUÍ
¿Podría la normativa de la UE ser un obstáculo al avance de la contratación pública progresista?
Por Olivier Hoedeman
Varias ciudades europeas aprovechan su capacidad de gasto como herramienta de cambio. Pero la contratación pública está regulada por directivas de la UE concebidas para favorecer al licitador que ofrece el precio más bajo, el más ‘competitivo’.
En los últimos años han proliferado las ciudades europeas que, a través de los concursos públicos, utilizan su capacidad de gasto de forma más proactiva y estratégica para favorecer la justicia social y los objetivos medioambientales. Al frente de esta tendencia están los ayuntamientos que se definen como municipalistas: contrarios al neoliberalismo y comprometidos con la democracia urbana para impulsar un cambio progresista, concreto y radical en sus ciudades.
Algunas ciudades han revisado las políticas de contratación pública para reducir la dependencia de grandes corporaciones e impulsar un desarrollo económico local más sostenible, algo que suele provocar conflictos entre las ciudades y las multinacionales. El importe total de los servicios, trabajos y suministros adquiridos por las ciudades de la UE asciende a casi 2.000 millones de euros al año (en torno al 14% del PIB), por lo que el potencial transformador de las políticas progresistas de contratación pública es inmenso.
Sin embargo, muchas de estas políticas de contratación pública basada en valores se rigen por las neoliberales directivas de contratación de la Unión Europea (UE), concebidas para favorecer un único mercado donde los contratos se adjudican al licitador que ofrece el precio más bajo. Estas directivas han favorecido a las grandes multinacionales a costa de las empresas locales, y también han contribuido al dumping social y a otros problemas. Aunque la legislación de la UE ha mejorado, sigue planteando numerosos obstáculos a políticas de contratación municipalistas ambiciosas. Para sortearlos, las ciudades están desarrollando nuevas estrategias.
Estas directivas han favorecido a las grandes multinacionales a costa de las empresas locales y han contribuido al dumping social
El proceso de unificación europea, que se aceleró en los años 80 y 90 con la creación del mercado único, supuso inicialmente una grave restricción a la contratación pública con fines progresistas. La contratación pública se abrió a la competencia internacional, incluso a través de la licitación obligatoria para contratos por encima de cierto volumen en toda la UE. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Justicia (caso Telaustria) decretó que las reglas fundamentales del Tratado de la UE deben aplicarse a todos los contratos públicos, incluyendo el principio de no discriminación (prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad). Las directivas de contratación de 2004 tenían una clara orientación neoliberal: el “precio más bajo” y la “oferta más ventajosa económicamente” eran los criterios principales, lo que daba poco margen a políticas progresistas de contratación pública.
Este hecho ha dado más cuota de mercado a las multinacionales, grandes beneficiarias de las economías de escala, a costa de la pequeña empresa local. También ha contribuido al dumping social y medioambiental, ya que los concursos públicos se adjudicaban a las empresas que ofrecían la propuesta más barata, vulnerando las normas laborales y medioambientales. Si bien la revisión de estas directivas en 2014 permitió incorporar criterios sociales y medioambientales en la adjudicación, el 55% de los procedimientos de contratación siguen basándose en el precio más bajo como único criterio.
El 55% de los procedimientos de contratación siguen basándose en el precio más bajo como único criterio
Antes de citar ejemplos de políticas de contratación progresistas, es fundamental mencionar la tendencia, muy relacionada, a desprivatizar los servicios públicos. Cada vez más municipios deciden poner fin a la privatización o a la externalización mediante contratos públicos con empresas privadas y apuestan por los servicios internos, por la gestión pública directa. Sectores como el del agua, energía, gestión de residuos y transporte es donde la desprivatización se ha generalizado especialmente, como reveló el Transnational Institute en su informe Remunicipalización: Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos.
Cuando los servicios son asumidos por la administración pública, los ayuntamientos no están obligados a publicar el anuncio de los concursos públicos en toda la UE. No obstante, si bien la normativa de la UE sobre contratación pública permite la administración pública, la realidad es que existen obstáculos para que los municipios elijan esta vía.
