Entrevista: Contratación Pública Responsable y ESS, oportunidades y retos actuales

29 Dic, 2021

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar la Jornada de Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: “Oportunidades y retos en la convergencia con las administraciones», evento virtual que ha tenido como objetivo dar a conocer la nueva web, una herramienta para facilitar la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación pública.

En esta entrevista hablamos con…

Javier Mendoza: Doctor en Economía, profesor de la Universidad de la Laguna (ULL) y enamorado de la contratación pública. Ha asesorado a entidades públicas, privadas y de la economía social en cuanto a la reserva de contratos y participa en varios proyectos financiados por el Gobierno de Canarias para la mejora de la contratación pública.

Sandra Vicente: Miembro fundadora de la plataforma Open Generation EU, que trabaja para garantizar la trasparencia y el acceso a la información en la gestión y repartición de los fondos europeos.

Jordi López: Presidente del Mercat Social Illes Balears y secretario técnico de REAS Balears.

Betlem Parès: Persona de referencia de la XMESS (Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria) en la Oficina de Promoción Económica par el apoyo a la creación, consolidación y crecimiento de iniciativas de ESS.

Onditz Portabella: Técnica experta en compra pública responsable en OPCIONS. Ha acompañado organizaciones del sector privado y público en la evaluación del impacto de programas educativos y a la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones.

Raúl Contreras: fundador de Nittúa dedicada a la innovación socio-económica. Impulsor y cofundador de redes de cooperación en el sector de las finanzas éticas, empresas de inserción, centros especiales de empleo y consumo responsable.

¿Cómo se vislumbra el futuro de la contratación pública en el Estado Español?

Javier:  La contratación pública se encuentra en una encrucijada. Nunca antes ha sido tan importante para la recuperación pero debe afrontarlo con una dotación de recursos tradicionalmente menguada y además con una complejidad legislativa que no ayuda. Desde el punto de vista optimista, apostaría por una simplificación de procesos para “digerir” todos los fondos que vienen y que se suman a los que hay que ejecutar de manera corriente.

Además, la tendencia desde la Comisión Europea parece ser la de poner el foco en la evaluación, y ahí existe una oportunidad para evaluar lo que se está haciendo bien y lo que no y, sobre todo, mejorar la reputación de la contratación pública y la medida de su impacto social, ambiental y económico.

Hablemos de los Next Generation: ¿Cómo se vincula con la contratación pública?

Sandra: Los fondos Next Generation EU (NGEU) son y serán una gran inyección de dinero que, según se nos ha dicho, servirán para dinamizar la economía del país y hacerla más resiliente, justa y verde para el futuro próximo. Así, ver cómo se van a llevar a cabo la ejecución de esos fondos va a ser clave para ver qué se entiende desde el Gobierno por “resiliencia” y “justicia”.

Estos fondos se van a materializar, en parte, en forma de ayudas directas, y en otra parte en forma de proyectos que van a desarrollar diversas empresas. La gran bandera de la recuperación van a ser los PERTE (colaboraciones público-privadas de toda la vida). Ver cómo se van a llevar a cabo estas adjudicaciones también va a ser determinante. Quién y por qué se lleva el dinero. Para hacer qué y cómo. En base a la decisión de quién y bajo la vigilancia de quién. Son demasiadas preguntas que, a día de hoy todavía no tienen respuesta, ya que en el Real Decreto Ley 36/2020, según el cual se regula la gestión de los NGEU, se establecían una serie de mecanismos (escasos) para garantizar la transparencia que no se están cumpliendo. Por ello, desde plataformas como Open Generation EU, nos asusta que estemos enfrentando esta gran inyección de dinero a ciegas, teniendo que confiar a la fuerza en un Gobierno que está centralizando las decisiones.

¿Qué dificultades se tienen en los municipios a la hora de implementar cláusulas sociales y ambientales? 

Jordi: La principal dificultad con la que se encuentran los ayuntamientos son las inercias administrativas y la falta de medios, lo que provoca que muchas veces elaboren los pliegos de contratación haciendo «copy paste» de pliegos anteriores sin tener en cuenta el cambio de paradigma en la contratación pública que suponen la directiva europea de 2024 y la ley de contratos de 2017 (criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y ambientales, obligatoriedad de reservar contratos para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social…). También hemos detectado carencias en la planificación de la contratación pública con criterios sociales y en la formación del personal que interviene en los procesos de contratación, la falta de procedimientos e instrucciones técnicas y de seguimiento del impacto de las políticas de compra pública responsable, y el desconocimiento de las actividades económicas de las empresas y organizaciones de economía social y solidaria y del Tercer Sector Social (y la falta de registros de proveedores sociales).

Betlem:  Destacaría las siguientes dificultades: La principal es entender la Compra Pública Responsable como una política pública y cómo tal necesita de un posicionamiento político general. A partir de este posicionamiento, transmitir a toda la organización la importancia de la misma. Al mismo tiempo, la necesidad de hacer un trabajo conjunto entre los servicios de contratación, de secretaría y de intervención con los servicios que prestan los servicios o tienen necesidades de compras y de contratación, desde la planificación de la contratación hasta la decisión de qué tipo de contratación se hace ( reservado, etc…) y compartir cuáles son las cláusulas sociales y ambientales más adecuadas para cada contrato. En este trabajar juntos saber contar con profesionales externos expertos en clausulas sociales y ambientales. Entender que es cosa de todos y entender su importancia y sus impactos. También destaco la necesidad de hacer un seguimiento y evaluación de las contrataciones realizadas. Por último destacar que los municipios necesitan poder compartir experiencias y de ahí la importancia de la Asociación de Municipios para la Economía Social y Solidaria de Catalunya como punto de encuentro.

¿Qué beneficios aporta la economía solidaria a la administración?

Onditz:  La economía social y solidaria (ESS) huye de la visión clásica economicista para observar que la práctica productiva de sus entidades tienen beneficios que son difíciles de cuantificar económicamente pero que tienen mucho valor. La ESS muestra que otra manera de hacer economía es real y que la práctica de ésta comporta beneficios sociales y ambientales a nuestro entorno. La ESS puede aportar esa visión en la que se cuidan los procesos, más allá de la lógica resultadista del beneficio económico.

Cuando se habla de contratación pública muchas veces se piensa en el ámbito urbano ¿Qué pasa en el mundo rural?

Raúl: El medio rural no ha sido contemplado como una realidad singular en ningún momento. La redacción de la ley contiene exigencias formales que hacen imposible de facto que un pequeño municipio pueda cumplir, por ejemplo la separación entre el responsable del contrato y el gestor del expediente, la constitución de una mesa de contratación, la gestión digital sin una conexión estable,… Tampoco su singularidad le ha valido para tener una consideración diferencial como si tienen los barrios de acción preferente y situarse con una ventaja positiva en los contratos públicos. Básicamente los municipios rurales, pequeños, se han visto penalizados por las cargas de la ley y excluidos de sus beneficios diferenciales al no considerarlos una realidad singular.

¿Se os quedó algo en el tintero para una futura jornada? ¿Y en esta entrevista? 

Una jornada específica sobre otros procedimientos, ¿Qué pasa con la contratación menor? Hay más flexibilidad pero menor transparencia.

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