La Economía Social pide que se abra una mesa de negociación de cara a cambiar la ley gallega

20 Abr, 2023

Demandan, en línea con la norma que se prepara en el Estado, que los centros especiales de empleo con ánimo de lucro no disfruten de sus mismas ventajas // Galicia suma 124 CEE, de las que sólo 49 deben reinvertir beneficios

Los centros especiales de empleo (CEE) son una de las organizaciones que forman parte de la economía social y su principal característica es que la mayoría de quienes desempeñan allí su trabajo son personas con discapacidad. Un 70% de la plantilla, como mínimo, debe tener esta condición, algo que cumplen tanto los CEE de iniciativa social como los de iniciativa empresarial. Ambos, igualmente, tienen acceso a una serie de ventajas, como por ejemplo, disponer de ayudas para sufragar el coste laboral. La diferencia está en que mientras los primeros son organizaciones sin ánimo de lucro, los segundos –que cada vez crecen más–, no lo son y, por lo tanto, no tienen obligación de reinvertir el beneficio.

“Nos parece genial que operen los CEE de iniciativa empresarial, porque están contratando a personas con discapacidad. Pero en que le financien el Salario Mínimo a un centro especial de empleo de alguna de las empresas del Ibex 35 ya no estamos de acuerdo, cuando además tienen otras ayudas”, explica a EL CORREO GALLEGO el presidente del Foro pola Economía Social Galega, Celso Gándara, que reclama la apertura de espacios de diálogo a nivel autonómico para la futura modificación de la Ley gallega de Economía Social, en línea con la norma que se está cocinando a nivel estatal. Galicia, recuerda, fue además la primera autonomía en tener legislación propia al respecto.

El Gobierno de España, indica, elaboró un anteproyecto de ley que está actualmente en el Consejo Económico y Social (CES) como paso previo para que entre en tramitación parlamentaria. Es la Ley Integral de Economía Social, que modifica la Ley de Economía Social, la Ley de Cooperativas y la Ley de Empresas de Inserción, detalla Gándara. En lo que tiene que ver con el giro en la Ley de Economía Social, apunta que los cambios que hace la ley española, una vez aprobados, “tendrían que suponer adaptaciones de la ley gallega”.

La principal novedad que está abordando este proyecto de ley – “ y que el sector ve favorablemente”, subraya–, es tratar de proteger más lo que son las empresas de economía social, “que están creciendo y a las que se está apoyando mucho”. En este sentido, analiza que el sector tiene la prevención de que no entren en el mismo paquete “organizaciones que no tienen un comportamiento acorde a los principios y valores de la economía social para aprovecharse de las ventajas que supone tener la calificación de empresa de economía social”.

De hecho, añade, la propia ley de contratos del sector público “solamente establece contratos reservados para los centros especiales de empleo de iniciativa social, no para los de iniciativa empresarial”. Ahora mismo dentro de la actual ley española, igual que en la ley gallega, están incluidos los dos tipos de centros especiales de empleo, y eso es precisamente lo que se pretende cambiar en la normativa española. “Eso mismo es lo que después pediremos nosotros en la ley gallega. Que sólo sean reconocidos como economía social los centros especiales de empleo de iniciativa social”. En Galicia, recuerda, hay competencias autonómicas y los cambios en la legislación española no tienen efecto automático en la comunidad, que tendría que ir a una modificación legislativa en el Parlamento.

“La ley española aún no está aprobada. Aún no se inició la tramitación parlamentaria, pero en ese elemento el sector está muy favorable y fue escuchado, aunque todavía hay temas donde no se recogió su sentir y los trasladaremos en la tramitación parlamentaria. Lo que queremos solicitar es que a nivel gallego se abran ya los espacios de diálogo de cara a preparar una modificación de la ley gallega de economía social”, subraya el presidente del Foro, una organización que nació en 2018 y representa a 4.788 entidades, con un volumen de empleo estimado de 24.904 personas. A su entender, “puede existir el riesgo” de que con la proliferación de estos centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, los recursos sean más limitados si lo tienes que distribuir entre las dos clases, “y no es lo mismo como funcionan o como reparten resultados los unos y los otros”.

Más de 120 CEE

Las empresas que forman parte de la Economía Social cuentan con una serie de principios que marcan su funcionamiento, como la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la aplicación de los resultados al fin social objeto de la entidad; la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la inserción de personas en riesgo de exclusión, la generación de empleo estable y de calidad o la conciliación. También la independencia respecto a los poderes públicos.

En Galicia, según los datos de la Consellería de Emprego a cierre de 2022 , se contabilizan 124 CEE, de los que 75 son ordinarios –11 más que hace apenas dos años, lo que confirma su fuerte crecimiento– y 49 sin ánimo de lucro. A Coruña y Pontevedra son las provincias que concentran un mayor número. Comercio, Transporte, Agricultura y Silvicultura, así como otras empresas de apoyo y consultoría son las actividades que mayo peso tienen.

Artículo de Roi Rodríguez para El Correo Gallego

Fuente: El Correo Gallego

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