A raíz de la publicación en el portal de transparencia del Gobierno de las Illes Balears de toda la actividad de contratación de la comunidad autónoma entre el 24/07/2017 y el 31/03/2022[1], la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) ha hecho seguimiento de la contratación pública social, en concreto de los contratos reservados adjudicados a programas de empleo protegido (empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social).
La ley 9/2017 de contratos del sector público establece que las administraciones fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, a fin de favorecer el acceso al empleo de personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social.
Y en las Illes Balears, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016 para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación, fijó un porcentaje de reserva del 3%. Posteriormente, un nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 modificó este porcentaje al 10%, pero sólo en relación a determinadas categorías de contratos recogidas en un anexo.
A través del análisis de los contratos reservados adjudicados y en función de los resultados obtenidos, REAS Balears propone mejoras para favorecer la contratación pública social a través de contratos reservados para las empresas de inserción a las que representa.
Los resultados más relevantes de los contratos reservados del Govern son:
- En el periodo julio 2017 – marzo de 2022 el Gobierno de las Illes Balears ha adjudicado 77 contratos o lotes reservados, el 0,48% de la totalidad de los contratos adjudicados, por un importe de 6.133.303 €, el 0,21% de la totalidad de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.
- En relación al objetivo del 3% de contratos reservados fijado en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016, se ha alcanzado un porcentaje del 7,1%.
- La evolución anual en el número e importes adjudicados como contratos o lotes reservados sigue una tendencia positiva entre 2018 y 2019, cae en 2020 a causa de la pandémica, y no se acaba de recuperar en 2021 a los niveles anteriores a la pandemia.
- Se han analizado los servicios y suministros adjudicados como contratos o lotes reservados, ya que su identificación en función de las actividades económicas que desarrollan los programas de empleo protegido es fundamental para garantizar su éxito.
- En cuanto a los órganos de contratación, hay un nivel muy desigual en la implantación de los contratos reservados en las diferentes consejerías y organismos del Govern.
- En cuanto a las entidades adjudicatarias de los contratos reservados, no ha habido ninguna adjudicación a empresas de inserción y no todos los centros especiales de empleo adjudicatarios eran de iniciativa social (no lucrativos), tal como es preceptivo.
- En relación a los criterios de adjudicación, a pesar que la normativa establece que se han de basar en la mejor relación calidad-precio, la oferta económica continúa siendo el principal criterio de adjudicación, con una valoración media de la oferta económica del 85%.
En función de los resultados obtenidos, REAS Balears propone mejoras para favorecer la contratación pública social a través de los contratos reservados:
- En relación a los objetivos de reserva de contratos, es más adecuado que el porcentaje de reserva se refiera a objetos contractuales más alineados con las actividades económicas de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, tal como contempla el nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.
- Las políticas en favor de la contratación pública social no se pueden basar sólo en el desarrollo normativo; se requiere un esfuerzo proactivo que incluya: planificación de la contratación pública social, consultas preliminares de mercado, formación y sensibilización del personal, elaboración de procedimientos, instrucciones internas y modelos de pliegos…
- Generalizar las reservas diferenciadas para centros especiales de empleo de iniciativa social y para empresas de inserción atendiendo a sus características y regulación específica, tal como prevé el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.
- Comprobar en el procedimiento de adjudicación que las empresas licitadoras cumplan los requisitos para acceder a contratos reservados y estén inscritas en los registros correspondientes, tal como prevé el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.
- Diseñar criterios de adjudicación que mejoren la valoración de los aspectos de calidad, para conseguir una mejor relación calidad-precio.
- Constituir la Comisión de asesoramiento y seguimiento de cláusulas sociales y medioambientales prevista en el artículo catorceavo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.
[1] https://www.caib.es/sites/transparencia/es/activitat_contractual/