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Las administraciones de la Región «deben utilizar la contratación pública para hacer políticas sociales y medioambientales». Esta es una de las conclusiones del informe sobre contratación pública socialmente responsable presentado en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM, ha dirigido este informe, en el que han participado profesores de la Universidad Católica, y de las públicas de Murcia y Alicante, así como expertos en politología y antropología. El panorama general que se observa en el análisis realizado es que todavía se está en una fase muy inicial de desarrollo en esta materia. Son numerosas las entidades públicas que apenas disponen de experiencias o que no han afrontado la incorporación de cláusulas ecosociales. En él se pone de relieve que hace falta un mayor conocimiento y aplicación de este tipo de cláusulas en la contratación pública por parte de las administraciones presentes en la Región. Entre las conclusiones destaca que la Ley de Contratos del Sector Público «permite establecer requisitos de carácter social y medioambiental para que la contratación pública suponga mejoras adicionales en estas materias». Contratar personas con discapacidad o desempleados de larga duración «se
El próximo 8 de noviembre se celebra en Oviedo la jornada “Por una compra pública con reserva, eco-social e inclusiva”, organizada por Oviedo Incluye. Será de 9:15 a 14 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (Edificio Calatrava). En este evento, se tratará la contratación pública como un instrumento para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como del papel que ello juegan los contratos reservados, las cláusulas eco-sociales y la incorporación de las pymes, los autónomos y las entidades del tercer sector. La Jornada es gratuita y está dirigida a las Administraciones Públicas y resto de poderes adjudicadores, así como a las entidades vinculadas o dependientes de las mismas que se encuentren sujetas a la aplicación de la LCSP, y a otras personas, entidades o empresas interesadas. Participarán en ella ponentes como Jaime Pintos, consultor especializado en contratación pública o José Manuel Martínez Fernández, Vicesecretario y responsable del sistema de contratación socialmente eficiente en el Ayuntamiento de Valladolid. Puedes inscribirte a través de este formulario de inscripción, escribiendo al correo info@oviedoincluye.com o llamando al teléfono 678418736. El programa previsto para la Jornada es el siguiente:  
El presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, ha argumentado este miércoles, sobre los retos que plantean al Tribunal de Cuentas las cláusulas sociales y medioambientales, que recoge la nueva legislación que "dichas novedades obligan, sin duda, a un replanteamiento de la función de control del Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública, enriqueciendo las fiscalizaciones de cumplimiento con la incorporación de la verificación y el análisis en materia de gestión, extendiendo las mismas a las valoraciones sobre eficacia, eficiencia y economía de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación, en las que se incluyan tales cláusulas". La intervención de Medina se ha encuadrado en el curso sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que, organizado por el Tribunal de Cuentas, se está celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, ha informado este organismo fiscalizador a través de una nota. Medina ha iniciado su intervención contextualizando la importancia que, en las funciones del Tribunal de Cuentas, ha tenido la contratación pública, porque forma parte de las leyes reguladoras de la Institución o por la legislación general de contratación, además de por "el importante número de recursos públicos que
La Junta de Extremadura prepara la licitación para el suministro de la energía eléctrica de sus dependencias en el que, por primera vez, se requiere que la empresa adjudicataria del contrato acredite que la totalidad de la energía eléctrica suministrada sea de origen renovable, mediante el sistema de Garantía de Origen que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el actual contrato, que expira próximamente, la Junta de Extremadura valoró en el momento de la licitación que un porcentaje de energía ofertado tuviera garantía de origen renovable. Esta nueva licitación supone "un paso más" hacia un modelo basado en la energía verde y circular, con la inclusión como condición "obligatoria" que el cien por cien de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia. Esta exigencia supone un complemento para la transformación hacia el modelo de consumo energético "más sostenible, más eficiente y con menos emisiones de gases de efecto invernadero" propuesto por la reciente Estrategia de Eficiencia Energética en los Edificios Públicos de la Administración Regional de Extremadura 2018-2030 (E4PAREX 2018-2030). Con esta actuación, se refuerza el compromiso y la actitud "proactiva" de Extremadura en materia de transición energética, lucha
Con las movilizaciones mundiales por la emergencia climática todavía resonando en las calles de todo el planeta, el Gobierno castellano-manchego ha puesto el acelerador en esta cuestión con la creación no solo de una nueva Consejería de Desarrollo Sostenible sino también de una serie de direcciones generales muy concretas para darle fuerza a la defensa del medio ambiente como vector de la mejoras sociales. El objetivo es llevar a cabo una hoja de ruta para la aplicación en esta comunidad autónoma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo a una estrategia-marco ya aprobada pero de la que emanan otras muchas políticas relacionadas con diferentes niveles y sectores de la administración. Por el momento, el nuevo director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, apela a una responsabilidad compartida: ni administraciones ni ciudadanía “pueden mirar hacia otro lado”, deben “caminar juntos hacia un consumo responsable” lo que a su vez provocará que las empresas “cambien sus modelos producción”. Dentro de las acciones más próximas de esta comunidad autónoma para la consecución de los ODS, está previsto que el Ejecutivo regional modifique el decreto que regula la aplicación de la Agenda 2030. El objetivo es adaptarlo, no solo a
No más botellas de plástico de un solo uso en las dependencias y en los actos organizados por la Generalitat. El Ejecutivo catalán ha aprobado este martes una serie de medidas para reducir el impacto de ese tipo de envases y utensilios, por ejemplo, la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos públicos para promover la utilización de materiales alternativos como papel o plástico compostable. Se trata de un gesto con un alcance simbólico pero que busca dar un ejemplo ante uno de los principales problemas ambientales del mundo. La Comisión Europea calcula que más del 80% de la basura hallada en el mar es plástico. En las oficinas del Gobierno catalán se replicará una imagen que ya se da, por ejemplo, en el Parlament. Durante los debates en la Cámara, los ujieres llevan y traen vasos y jarras de cristal para los comparecientes que desean beber agua y se evita el uso de botellas de un solo uso. La idea promovida por el departamento de Territorio y Sotenibilidad busca poner coto al uso no solo de las botellas sino también de otros elementos como cubiertos, vasos, pajitas o bastones para globos, entre otros. Los portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado
Se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el Decreto 75/2019, de 23 de mayo, por el que se establecen las directrices de política general sobre la incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El decreto contempla la inclusión de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública como una herramienta estratégica de primer orden con la finalidad de acrecentar bienes de interés general como, por ejemplo, la inclusión laboral de las personas con mayor riesgo de exclusión, la igualdad de género, la calidad del empleo o la compra socialmente responsable. Este Decreto regula las directrices de política general del Gobierno de Cantabria sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación del sector público, y, por otro lado, desarrolla el artículo 25 de la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el artículo 22 de la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativas a la contratación pública. El Decreto se estructura en seis capítulos: El capítulo primero de disposiciones generales, donde se establece el objeto
La Federación Aragonesa de Solidaridad presenta el informe de situación sobre el Comercio Justo en la contratación pública de las Administraciones de Aragón. Este informe ha sido elaborado en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado. La reforma de la Ley de contratos del sector público 9/2017 ha supuesto para las administraciones públicas y empresas licitadoras un más que importante cambio a la hora de acometer procesos de licitación públicos, situando el Comercio Justo en un punto primordial en la contratación pública nacional, permitiendo que las administraciones públicas estén amparadas por la norma para actuar en beneficio de este comercio, otorgándole el reconocimiento legal necesario para poder avanzar en la búsqueda de un consumo más igualitario, sostenible y responsable. El Comercio Justo enlaza directamente y de manera transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, marcados por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una agenda de desarrollo sostenible. Destacando su gran valor como herramienta de cooperación para el desarrollo. Los productos de Comercio Justo, en su gran mayoría, no entran en conflicto con los productos locales ya que son productos que en España no se producen.
Los paraísos fiscales son jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente marcos fiscales y legales que permiten a los no residentes (personas físicas o jurídicas) reducir al mínimo el importe de impuestos que deben pagar donde realizan una actividad económica sustancial. Oxfam Intermón considera que no es justo que empresas que desvían beneficios a paraísos fiscales se puedan beneficiar de contratos públicos. Por eso surgió la iniciativa "Zonas Libres de Paraísos Fiscales" (ZLPF), a la que ya se han adherido 80 municipios de España con mociones aprobadas en sus ayuntamientos o compromisos en ese sentido. Oxfam, y otras organizaciones aliadas, trabaja en el marco general de gestión pública responsable como política de contratación de organismos públicos que introduce criterios éticos. La iniciativa persigue provocar cambios de comportamiento desde la gestión pública a través de una mayor presión sobre el sector privado mediante la inclusión de estos criterios en sus convocatorias de licitación pública; o alternativamente, fomentar aquellas prácticas económicas que revierten en el bien común y penalizar aquellas que lo perjudiquen. El sector público es uno de los principales contratantes de la economía. Los productos y servicios que no provee directamente los tiene que contratar del sector privado, pasando desde proyectos de obras públicas