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Autonomía Sur ha publicado este artículo enumerando algunos componentes de interés de la Ley de Contratación de Servicios Públicos (LCSP) del 2017, citando a la plataforma contratacionpublicaresponsable.org al final del mismo: https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/clausulas-sociales-un-reto-para-las-instituciones-publicas Cláusulas sociales, un reto para las instituciones públicas ¿Qué pueden hacer las instituciones públicas para llevar a la práctica el reparto de la riqueza? ¿Existen mecanismos legislativos para que sean realidad? ¿Se justifica el beneficio social antes que el económico? La Ley de Contratos del Sector Público, publicada en noviembre de 2017, es una oportunidad para que las administraciones públicas apliquen una política de distribución basándose en principios de desarrollo sostenible, medioambientales y éticos. Por ANA ISABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, abogada. De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) del 2017, texto que sirve como introducción para describir su contenido indicando su objeto y finalidad, las cláusulas sociales son mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y de sostenibilidad. La importancia de la contratación pública se refleja tanto desde un punto de vista cuantitativo, alrededor del 16% del PIB del Estado, como cualitativo, realizándose a través de esta fórmula las principales obras, servicios y suministro de
Más de una quincena de entidades del tercer sector, junto al grupo de investigación de Medio Ambiente de la Universidad de Greenwich, han elaborado la Guía para la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública y han exigido que solo se contrate a empresas públicas que respetan los valores humanos en toda la cadena de producción. “Para la contratación de compra pública debería haber un tratado vinculante que respete los derechos humanos. Eso sería lo ideal: que existiera un tratado internacional para juzgar aquellas empresas que violan los derechos humanos”, resaltó Lina González, del Instituto Internacional de Acción No Violenta (NOVACT), que presentó recientemente la guía en la jornada Cooperación Internacional y Economía Solidaria, construyendo alianzas a través de las finanzas éticas, que organizó Financiación Ética y Solidaria (FETS). Ahora bien, como esto no existe, tanto expertos nacionales como internacionales en derecho y contratación pública han elaborado esta guía que pretende ser un marco legal para que desde ayuntamientos a instituciones nacionales del norte del hemisferio eviten “la contratación pública a aquellas empresas que son poco éticas en el sur global”, explicó González, que participó en la mesa redonda donde se habló de qué modelo
Tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020, que actualmente se está tramitando en las Cortes regionales, el importe global anual de los contratos reservados será como mínimo del 10 por ciento del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior en determinadas áreas de actividad como mantenimiento y conservación de zonas verdes; almacenamiento; lavandería y planchado; restauración, catering y hostelería; recogida y transporte de residuos y digitalización y tratamiento documental, entre otras. Esta reserva se enmarca en el compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de mejorar la empleabilidad y favorecer la plena integración de las personas con discapacidad, tal como ha incidido Ruiz Molina en el encuentro que ha mantenido esta semana en la sede la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con los representantes de la Mesa del Tercer Sector, ha informado la Junta en un comunicado. Durante el encuentro también se ha trasladado a los miembros de la Mesa del Tercer Sector la intención de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de favorecer el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual. Las líneas fundamentales del proyecto de presupuestos regionales para el próximo año, así como las
CC OO impulsará en la negociación de los convenios colectivos la introducción de cláusulas medio ambientales y formará a delegados en transición ecológica. El sindicato ha puesto en marcha la campaña 'Impulsa la transición' que propone "medir la dimensión económica, social y medio ambiental en la empresa" así como su "huella de carbono" para "definir políticas, objetivos y medidas para la reducción de emisiones, identificar oportunidades de ahorro de costes, incorporar el impacto de las emisiones en los procesos de selección y fomentar la compra verde y socialmente responsable". Asimismo, ha apostado por "generalizar los planes de movilidad sostenible en las empresas" y por el acceso a la información ambiental de la empresa a través de la figura del delegado de medio ambiente. Para todo ello, ha publicado un manual de intervención sindical en medio ambiente en el ámbito de las empresas que distribuirá entre la red de delegados del sindicato. En un comunicado, CC OO ha destacado que "la defensa de los puestos de trabajo está cada vez más ligada a la sostenibilidad ambiental de las empresas y a la respuesta y adaptación de estas frente a los cambios necesarios en el actual modelo productivo". En este sentido, ha
El Palacio Euskalduna de Bilbao acoge hoy y mañana, estas jornadas organizadas por el IVAP, el Instituto Vasco de Administración Pública, donde las personas asistentes analizarán junto a expertos en la materia la permanente evolución de los sistemas de contratación públicos. La jornada acogerá una mesa sobre criterios ambientales en la contratación pública, en la que se hablará de los criterios ambientales y su aplicación en Europa y el "Programa de Compra y Contratación Pública Verde de Euskadi 2020. El Portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y la Directora General del Instituto Vasco de Administración Pública, Maite Iruretagoiena han inaugurado hoy las jornadas “Cumpliendo con Europa: La contratación pública estratégica del siglo XXI”, organizadas por el IVAP en colaboración con el EIPA, European Institute of Public Administration.Las jornadas analizarán el continuo proceso de cambio en el que están hoy en día las contrataciones en el sector público. La evolución de la actividad económica, financiera y mercantil, los retos de la administración electrónica y la continua necesidad de adaptación a las directivas comunitarias hacen que entre otros aspectos la jurisprudencia sobre la contratación pública haya cambiado mucho en los últimos años. El encuentro ofrecerá una visión sobre las formas de
La Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias ha premiado al Ayuntamiento por su programa 'Oviedo Incluye', puesto en marcha el año pasado para contribuir a la inclusión a través de distintos instrumentos como la creación de una red de empresas comprometidas con la inserción, el fomento del emprendimiento inclusivo como fórmula de desarrollo o la contratación pública responsable, tratando de dar respuesta al reto de la inclusión de personas en riesgo de exclusión social. El concejal de Economía y Empleo, Javier Cuesta, recogió el galardón en la gala organizada por la institución con motivo de su X aniversario en Avilés. Por otro lado, el alcalde, Alfredo Canteli, se reunió con una representación de la junta directiva de la Asociación de Empresa Familiar de Asturias, AEFAS, encabezada por su presidente, Jorge Suárez. Canteli y los empresarios abordaron posibles fórmulas de apoyo y promoción en Oviedo o facilitar algunas gestiones municipales, como licencias o permisos. El equipo de gobierno ya introdujo una bonificación en la plusvalía para la transmisión de negocios que mantengan su actividad en las ordenanzas fiscales del próximo año. Los empresarios mostraron también su interés en atraer congresos y actividades que generen actividad y en apostar
Las administraciones de la Región «deben utilizar la contratación pública para hacer políticas sociales y medioambientales». Esta es una de las conclusiones del informe sobre contratación pública socialmente responsable presentado en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM, ha dirigido este informe, en el que han participado profesores de la Universidad Católica, y de las públicas de Murcia y Alicante, así como expertos en politología y antropología. El panorama general que se observa en el análisis realizado es que todavía se está en una fase muy inicial de desarrollo en esta materia. Son numerosas las entidades públicas que apenas disponen de experiencias o que no han afrontado la incorporación de cláusulas ecosociales. En él se pone de relieve que hace falta un mayor conocimiento y aplicación de este tipo de cláusulas en la contratación pública por parte de las administraciones presentes en la Región. Entre las conclusiones destaca que la Ley de Contratos del Sector Público «permite establecer requisitos de carácter social y medioambiental para que la contratación pública suponga mejoras adicionales en estas materias». Contratar personas con discapacidad o desempleados de larga duración «se
El próximo 8 de noviembre se celebra en Oviedo la jornada “Por una compra pública con reserva, eco-social e inclusiva”, organizada por Oviedo Incluye. Será de 9:15 a 14 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (Edificio Calatrava). En este evento, se tratará la contratación pública como un instrumento para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como del papel que ello juegan los contratos reservados, las cláusulas eco-sociales y la incorporación de las pymes, los autónomos y las entidades del tercer sector. La Jornada es gratuita y está dirigida a las Administraciones Públicas y resto de poderes adjudicadores, así como a las entidades vinculadas o dependientes de las mismas que se encuentren sujetas a la aplicación de la LCSP, y a otras personas, entidades o empresas interesadas. Participarán en ella ponentes como Jaime Pintos, consultor especializado en contratación pública o José Manuel Martínez Fernández, Vicesecretario y responsable del sistema de contratación socialmente eficiente en el Ayuntamiento de Valladolid. Puedes inscribirte a través de este formulario de inscripción, escribiendo al correo info@oviedoincluye.com o llamando al teléfono 678418736. El programa previsto para la Jornada es el siguiente:  
El presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, ha argumentado este miércoles, sobre los retos que plantean al Tribunal de Cuentas las cláusulas sociales y medioambientales, que recoge la nueva legislación que "dichas novedades obligan, sin duda, a un replanteamiento de la función de control del Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública, enriqueciendo las fiscalizaciones de cumplimiento con la incorporación de la verificación y el análisis en materia de gestión, extendiendo las mismas a las valoraciones sobre eficacia, eficiencia y economía de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación, en las que se incluyan tales cláusulas". La intervención de Medina se ha encuadrado en el curso sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que, organizado por el Tribunal de Cuentas, se está celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, ha informado este organismo fiscalizador a través de una nota. Medina ha iniciado su intervención contextualizando la importancia que, en las funciones del Tribunal de Cuentas, ha tenido la contratación pública, porque forma parte de las leyes reguladoras de la Institución o por la legislación general de contratación, además de por "el importante número de recursos públicos que
La Junta de Extremadura prepara la licitación para el suministro de la energía eléctrica de sus dependencias en el que, por primera vez, se requiere que la empresa adjudicataria del contrato acredite que la totalidad de la energía eléctrica suministrada sea de origen renovable, mediante el sistema de Garantía de Origen que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el actual contrato, que expira próximamente, la Junta de Extremadura valoró en el momento de la licitación que un porcentaje de energía ofertado tuviera garantía de origen renovable. Esta nueva licitación supone "un paso más" hacia un modelo basado en la energía verde y circular, con la inclusión como condición "obligatoria" que el cien por cien de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia. Esta exigencia supone un complemento para la transformación hacia el modelo de consumo energético "más sostenible, más eficiente y con menos emisiones de gases de efecto invernadero" propuesto por la reciente Estrategia de Eficiencia Energética en los Edificios Públicos de la Administración Regional de Extremadura 2018-2030 (E4PAREX 2018-2030). Con esta actuación, se refuerza el compromiso y la actitud "proactiva" de Extremadura en materia de transición energética, lucha
Con las movilizaciones mundiales por la emergencia climática todavía resonando en las calles de todo el planeta, el Gobierno castellano-manchego ha puesto el acelerador en esta cuestión con la creación no solo de una nueva Consejería de Desarrollo Sostenible sino también de una serie de direcciones generales muy concretas para darle fuerza a la defensa del medio ambiente como vector de la mejoras sociales. El objetivo es llevar a cabo una hoja de ruta para la aplicación en esta comunidad autónoma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo a una estrategia-marco ya aprobada pero de la que emanan otras muchas políticas relacionadas con diferentes niveles y sectores de la administración. Por el momento, el nuevo director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, apela a una responsabilidad compartida: ni administraciones ni ciudadanía “pueden mirar hacia otro lado”, deben “caminar juntos hacia un consumo responsable” lo que a su vez provocará que las empresas “cambien sus modelos producción”. Dentro de las acciones más próximas de esta comunidad autónoma para la consecución de los ODS, está previsto que el Ejecutivo regional modifique el decreto que regula la aplicación de la Agenda 2030. El objetivo es adaptarlo, no solo a