Noticias

No más botellas de plástico de un solo uso en las dependencias y en los actos organizados por la Generalitat. El Ejecutivo catalán ha aprobado este martes una serie de medidas para reducir el impacto de ese tipo de envases y utensilios, por ejemplo, la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos públicos para promover la utilización de materiales alternativos como papel o plástico compostable. Se trata de un gesto con un alcance simbólico pero que busca dar un ejemplo ante uno de los principales problemas ambientales del mundo. La Comisión Europea calcula que más del 80% de la basura hallada en el mar es plástico. En las oficinas del Gobierno catalán se replicará una imagen que ya se da, por ejemplo, en el Parlament. Durante los debates en la Cámara, los ujieres llevan y traen vasos y jarras de cristal para los comparecientes que desean beber agua y se evita el uso de botellas de un solo uso. La idea promovida por el departamento de Territorio y Sotenibilidad busca poner coto al uso no solo de las botellas sino también de otros elementos como cubiertos, vasos, pajitas o bastones para globos, entre otros. Los portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado
Se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el Decreto 75/2019, de 23 de mayo, por el que se establecen las directrices de política general sobre la incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El decreto contempla la inclusión de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública como una herramienta estratégica de primer orden con la finalidad de acrecentar bienes de interés general como, por ejemplo, la inclusión laboral de las personas con mayor riesgo de exclusión, la igualdad de género, la calidad del empleo o la compra socialmente responsable. Este Decreto regula las directrices de política general del Gobierno de Cantabria sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación del sector público, y, por otro lado, desarrolla el artículo 25 de la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el artículo 22 de la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativas a la contratación pública. El Decreto se estructura en seis capítulos: El capítulo primero de disposiciones generales, donde se establece el objeto
La Federación Aragonesa de Solidaridad presenta el informe de situación sobre el Comercio Justo en la contratación pública de las Administraciones de Aragón. Este informe ha sido elaborado en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado. La reforma de la Ley de contratos del sector público 9/2017 ha supuesto para las administraciones públicas y empresas licitadoras un más que importante cambio a la hora de acometer procesos de licitación públicos, situando el Comercio Justo en un punto primordial en la contratación pública nacional, permitiendo que las administraciones públicas estén amparadas por la norma para actuar en beneficio de este comercio, otorgándole el reconocimiento legal necesario para poder avanzar en la búsqueda de un consumo más igualitario, sostenible y responsable. El Comercio Justo enlaza directamente y de manera transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, marcados por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una agenda de desarrollo sostenible. Destacando su gran valor como herramienta de cooperación para el desarrollo. Los productos de Comercio Justo, en su gran mayoría, no entran en conflicto con los productos locales ya que son productos que en España no se producen.
Los paraísos fiscales son jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente marcos fiscales y legales que permiten a los no residentes (personas físicas o jurídicas) reducir al mínimo el importe de impuestos que deben pagar donde realizan una actividad económica sustancial. Oxfam Intermón considera que no es justo que empresas que desvían beneficios a paraísos fiscales se puedan beneficiar de contratos públicos. Por eso surgió la iniciativa "Zonas Libres de Paraísos Fiscales" (ZLPF), a la que ya se han adherido 80 municipios de España con mociones aprobadas en sus ayuntamientos o compromisos en ese sentido. Oxfam, y otras organizaciones aliadas, trabaja en el marco general de gestión pública responsable como política de contratación de organismos públicos que introduce criterios éticos. La iniciativa persigue provocar cambios de comportamiento desde la gestión pública a través de una mayor presión sobre el sector privado mediante la inclusión de estos criterios en sus convocatorias de licitación pública; o alternativamente, fomentar aquellas prácticas económicas que revierten en el bien común y penalizar aquellas que lo perjudiquen. El sector público es uno de los principales contratantes de la economía. Los productos y servicios que no provee directamente los tiene que contratar del sector privado, pasando desde proyectos de obras públicas
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el Decreto de contratación social de 2019 que fija el porcentaje de contratación con reserva social en un importe mínimo de 10 millones de euros, un millón más que el año pasado. En un comunicado el pasado domingo, el consistorio ha informado que se trata de una de las tres medidas que ha aprobado para "favorecer la contratación social y reforzar y preservar la labor que hacen los Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción". El Ayuntamiento cumple así la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que obliga a las entidades locales a fijar el porcentaje mínimo de reserva en los procedimientos de adjudicación a favor de los centros Especiales de Trabajo de iniciativa social y Empresas de Inserción. Al cierre del ejercicio 2018, la cifra alcanzada ha sido de 10.274.373 euros, por lo que se ha sobrepasado el porcentaje mínimo que se fijó a principios de año en 9 millones de euros, según los datos recogidos por la Comisión de Contratación Pública Socialmente Responsable. Por eso, el decreto correspondiente a este año ha aumentado el porcentaje y ha fijado el objetivo de reserva social para 2019
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha abierto el plazo de inscripciones para el primer programa formativo sobre Contratación Pública Responsable, que se celebrará en modalidad online en los meses de junio y julio con una duración de 40 horas. Este curso, adaptado a las necesidades concretas de pymes y empresas de Economía Social, instruirá sobre los procesos de licitación que ofrece la nueva Ley de Contratos del Sector Público, sustancialmente modificada y que entró en vigor en 2018. Los alumnos que lo realicen podrán obtener los conocimientos necesarios para participar activamente en las licitaciones y contratos ofertados por las Administraciones Públicas o podrás asesorar a otros que quieran hacerlo. Además de adquirir conocimientos del proceso global de licitación, con este Curso aprenderán también las novedades, oportunidades y ventajas que la nueva legislación de Contratos Públicos ofrece a las entidades de Economía Social y a las PYMES. El programa formativo, bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo (FUNDAE), cuenta para la realización de sus contenidos con la presencia de los mejores expertos en materia de contratación pública responsable, como, entre otros, Guillermo Yáñez, formador y conocedor de la misma desde el ámbito
El próximo 23 de mayo REAS Madrid y Mercado Social de Madrid organizan la charla "Indicadores de la ESS en la contratación pública responsable", dirigida a personal técnico de la administración. La finalidad de esta actividad es dar a conocer instrumentos y enfoques de la ESS aplicables en la contratación pública responsable, y tratar de cumplir los siguientes objetivos específicos: Exponer las vinculaciones de la ESS con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Contratación Pública y ESS Inclusión de cláusulas sociales y modelos integrales. Herramienta del Balance Social. Presentación de bloques e indicadores y relación de la herramienta con la administración. Los ponentes que intervendrán serán: Leire Alvarez de Eulate. Gizatea (Asociación de empresas de insercion del Pais Vasco). Presentación de la nueva ley de contratación pública, cláusulas sociales y Economía Social Carlos Lozano CEPES (Confederacion española de economía social). Marco Economía Social  y ODS introduciendo la aportación de las administraciones a los ODS aplicando criterios de contratación pública. Rubén Suriñach XES (Red de economía solidaria de Cataluña). Estructura del Balance Social de REAS y presentación caso Catalán: relaciones de la herramienta con la administración pública.   Si te interesa asistir, es necesaria inscripción previa a través de este formulario.  
El presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (Predif), Francisco Sardón, ha reivindicado la odisea que supone para la mayor parte de las personas que padecen una discapacidad, ya sea física o intelectual, incorporarse al mercado laboral. Desde la plataforma aseguran que hay leyes en favor de la integración laboral que no se cumplen. Por ejemplo, la que exige que las empresas de más de 50 empleados reserven al menos un dos por ciento de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. El propio Sardón reconoce que "si las empresas contrataran de forma fluida a las personas con discapacidad, no existiría esa diferencia en la tasa de paro". Según los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2017, últimos publicados, esta tasa entre las personas con discapacidad es del 26,2 por ciento, frente al 17,1 por ciento de las personas sin discapacidad. En la misma línea, la responsable en Castilla y León de la Fundación ONCE, Begoña Grijalvo, ha declarado que sigue siendo complicada la inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad, "pese a todo lo que ha mejorado el tejido empresarial y la visión sobre la