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Se trata de una recopilación de casos prácticos que pretende mejorar el conocimiento y comprensión del potencial de la contratación pública socialmente responsable. Cabe destacar, por su cercanía, la inclusión de la buena práctica del Ayuntamiento de Pamplona e Iruña, así como iniciativas de Catalunya, Madrid o Salamanca. La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME, por sus siglas en inglés) ha publicado el documento -hasta el momento únicamente disponible en inglés- Making socially responsible public procurement work : 71 good practice cases (“Haciendo que la contratación pública sostenible funcione: 71 buenas prácticas”). La recopilación de casos prácticos pretende mejorar el conocimiento y comprensión del potencial de la contratación pública socialmente responsable, mostrando 71 ejemplos de cómo los compradores públicos han obtenido beneficios sociales en la práctica. Este estudio pretende difundir modelos de procedimientos de licitación y políticas públicas adecuados con el fin de estimular su réplica en distintas partes de Europa.  
Artículo elaborado por  María Asunción Sanmartín Mora para el Observatorio de Contratación Pública. Resolución 180/2020 Tribunal Catalán de Contratos del Sector Publico. Las fórmulas de valoración del precio de las ofertas constituyen un núcleo de discusión reiterado la práctica de la contratación pública que hay que analizar en cada caso concreto. En la reseña a la Resolución 822/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ponía de manifiesto que existen criterios discrepantes entre los órganos de recurso especial sobre la admisibilidad de un umbral de saciedad en la configuración y aplicación del criterio precio. En esta Resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Publico se analiza de forma exhaustiva el caso de una fórmula de valoración económica que en principio parece adecuada pero cuya aplicación práctica desvirtúa la ponderación que tiene asignada en los PCAP y, en combinación con el resto de criterios de valoración automática y sistema de puntación, cambia el planteamiento del conjunto de los criterios de valoración de las ofertas, haciendo predominar los dependientes de un juicio de valor respecto a los de ponderación automática sin la intervención de un comité de expertos u organismo técnico especializado y vulnerando, así, el procedimiento legalmente establecido para la
REAS Aragón, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón presenta esta guía donde pretende poner de relieve todas aquellas medidas existentes en la normativa estatal de contratación pública, la Ley 9/2017 de contratos del sector público, para impulsar medidas en pro del medio ambiente para hacer frente a la emergencia climática que sufre el planeta. La contratación pública responsable se define como aquel proceso de compra y/o contratación llevado a cabo por las entidades del sector público en el que se consideran criterios de sostenibilidad, es decir, criterios ambientales, sociales, de género y de Comercio Justo. De este modo, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (En adelante «LCSP» o «la Ley») establece ya en su primer artículo la necesidad de incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales, y criterios medioambientales, que son los que desarrollamos en esta guía, destacando que la inclusión de estos criterios o cláusulas sociales conllevan una mejor relación calidad-precio y una mayor eficiencia del uso de fondos públicos. Además, las Administraciones velarán por la incorporación de estas consideraciones en los procesos de licitación públicos (Artículo 29 LCSP). Mediante este cambio de lógica, las entidades del sector público, además de elaborar una
El Salto ha publicado este artículo en relación a la contratación pública que puedes leer AQUÍ ¿Podría la normativa de la UE ser un obstáculo al avance de la contratación pública progresista? Por Olivier Hoedeman Varias ciudades europeas aprovechan su capacidad de gasto como herramienta de cambio. Pero la contratación pública está regulada por directivas de la UE concebidas para favorecer al licitador que ofrece el precio más bajo, el más 'competitivo'. En los últimos años han proliferado las ciudades europeas que, a través de los concursos públicos, utilizan su capacidad de gasto de forma más proactiva y estratégica para favorecer la justicia social y los objetivos medioambientales. Al frente de esta tendencia están los ayuntamientos que se definen como municipalistas: contrarios al neoliberalismo y comprometidos con la democracia urbana para impulsar un cambio progresista, concreto y radical en sus ciudades. Algunas ciudades han revisado las políticas de contratación pública para reducir la dependencia de grandes corporaciones e impulsar un desarrollo económico local más sostenible, algo que suele provocar conflictos entre las ciudades y las multinacionales. El importe total de los servicios, trabajos y suministros adquiridos por las ciudades de la UE asciende a casi 2.000 millones de euros al
Desde IDEAS proponen un curso online para entidades públicas “Clausulado ético de Comercio Justo en los procesos de contratación municipal” que dará comienzo el próximo 23 de marzo. Hay habilitadas 25 plazas, no te quedes sin la tuya! Para más información sobre el curso accede AQUÍ El consumo sostenible o responsable es un hábito que está calando, poco a poco, en la ciudadanía; son ya varios los compromisos internacionales que consideran que el cambio en las formas de consumo y producción son un factor determinante para alcanzar un verdadero modelo de Desarrollo Sostenible. El sector público tiene un papel de vital importancia. En términos absolutos, las compras y contrataciones públicas representan alrededor del 20% del PIB europeo (un 18,5% del PIB en España); ello confiere un impacto social y ambiental a estas políticas que, si bien, no determina la totalidad del mercado, tiene una influencia importantísima en las formas de producción y gestión empresarial. Fruto de ello es la importante difusión, aceptación e implementación que se ha realizado de la Contratación Pública Responsable en los últimos años. La aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, incorpora importantes novedades para profundizar en la consideración de
La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón) presenta esta guía donde pretende poner de relieve todas aquellas medidas existentes en la normativa estatal de contratación pública, la Ley 9/2017 de contratos del sector público, para generar empleo de calidad en el sector público. Resulta indispensable que como sociedad, aquellas trabajadoras empleadas en estas empresas vean reconocidos sus derechos, defendidos y aplicados a la hora de realizar su trabajo. El sector público, debe ser ejemplo de buenas prácticas, que no vienen sino a responder a derechos y libertades de las personas que trabajan para las administraciones públicas a través de diferentes empresas. El marco legislativo surgido en 2018 abre las puertas a una contratación pública socialmente responsable, donde la calidad-precio de las ofertas, el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la inclusión de criterios éticos sociales y medioambientales o la equidad de género, suponen nuevos retos a los que la ley pretende enfrentarse y pone a disposición de las Administraciones Públicas diversas herramientas para conseguirlo. En la presente guía se pone a disposición de aquellas personas que trabajan en los servicios de contratación de las diferentes Administraciones Públicas, una serie de recursos existentes en la
Autonomía Sur ha publicado este artículo enumerando algunos componentes de interés de la Ley de Contratación de Servicios Públicos (LCSP) del 2017, citando a la plataforma contratacionpublicaresponsable.org al final del mismo: https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/clausulas-sociales-un-reto-para-las-instituciones-publicas Cláusulas sociales, un reto para las instituciones públicas ¿Qué pueden hacer las instituciones públicas para llevar a la práctica el reparto de la riqueza? ¿Existen mecanismos legislativos para que sean realidad? ¿Se justifica el beneficio social antes que el económico? La Ley de Contratos del Sector Público, publicada en noviembre de 2017, es una oportunidad para que las administraciones públicas apliquen una política de distribución basándose en principios de desarrollo sostenible, medioambientales y éticos. Por ANA ISABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, abogada. De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) del 2017, texto que sirve como introducción para describir su contenido indicando su objeto y finalidad, las cláusulas sociales son mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y de sostenibilidad. La importancia de la contratación pública se refleja tanto desde un punto de vista cuantitativo, alrededor del 16% del PIB del Estado, como cualitativo, realizándose a través de esta fórmula las principales obras, servicios y suministro de
Más de una quincena de entidades del tercer sector, junto al grupo de investigación de Medio Ambiente de la Universidad de Greenwich, han elaborado la Guía para la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública y han exigido que solo se contrate a empresas públicas que respetan los valores humanos en toda la cadena de producción. “Para la contratación de compra pública debería haber un tratado vinculante que respete los derechos humanos. Eso sería lo ideal: que existiera un tratado internacional para juzgar aquellas empresas que violan los derechos humanos”, resaltó Lina González, del Instituto Internacional de Acción No Violenta (NOVACT), que presentó recientemente la guía en la jornada Cooperación Internacional y Economía Solidaria, construyendo alianzas a través de las finanzas éticas, que organizó Financiación Ética y Solidaria (FETS). Ahora bien, como esto no existe, tanto expertos nacionales como internacionales en derecho y contratación pública han elaborado esta guía que pretende ser un marco legal para que desde ayuntamientos a instituciones nacionales del norte del hemisferio eviten “la contratación pública a aquellas empresas que son poco éticas en el sur global”, explicó González, que participó en la mesa redonda donde se habló de qué modelo
Tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020, que actualmente se está tramitando en las Cortes regionales, el importe global anual de los contratos reservados será como mínimo del 10 por ciento del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior en determinadas áreas de actividad como mantenimiento y conservación de zonas verdes; almacenamiento; lavandería y planchado; restauración, catering y hostelería; recogida y transporte de residuos y digitalización y tratamiento documental, entre otras. Esta reserva se enmarca en el compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de mejorar la empleabilidad y favorecer la plena integración de las personas con discapacidad, tal como ha incidido Ruiz Molina en el encuentro que ha mantenido esta semana en la sede la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con los representantes de la Mesa del Tercer Sector, ha informado la Junta en un comunicado. Durante el encuentro también se ha trasladado a los miembros de la Mesa del Tercer Sector la intención de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de favorecer el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual. Las líneas fundamentales del proyecto de presupuestos regionales para el próximo año, así como las
CC OO impulsará en la negociación de los convenios colectivos la introducción de cláusulas medio ambientales y formará a delegados en transición ecológica. El sindicato ha puesto en marcha la campaña 'Impulsa la transición' que propone "medir la dimensión económica, social y medio ambiental en la empresa" así como su "huella de carbono" para "definir políticas, objetivos y medidas para la reducción de emisiones, identificar oportunidades de ahorro de costes, incorporar el impacto de las emisiones en los procesos de selección y fomentar la compra verde y socialmente responsable". Asimismo, ha apostado por "generalizar los planes de movilidad sostenible en las empresas" y por el acceso a la información ambiental de la empresa a través de la figura del delegado de medio ambiente. Para todo ello, ha publicado un manual de intervención sindical en medio ambiente en el ámbito de las empresas que distribuirá entre la red de delegados del sindicato. En un comunicado, CC OO ha destacado que "la defensa de los puestos de trabajo está cada vez más ligada a la sostenibilidad ambiental de las empresas y a la respuesta y adaptación de estas frente a los cambios necesarios en el actual modelo productivo". En este sentido, ha
El Palacio Euskalduna de Bilbao acoge hoy y mañana, estas jornadas organizadas por el IVAP, el Instituto Vasco de Administración Pública, donde las personas asistentes analizarán junto a expertos en la materia la permanente evolución de los sistemas de contratación públicos. La jornada acogerá una mesa sobre criterios ambientales en la contratación pública, en la que se hablará de los criterios ambientales y su aplicación en Europa y el "Programa de Compra y Contratación Pública Verde de Euskadi 2020. El Portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y la Directora General del Instituto Vasco de Administración Pública, Maite Iruretagoiena han inaugurado hoy las jornadas “Cumpliendo con Europa: La contratación pública estratégica del siglo XXI”, organizadas por el IVAP en colaboración con el EIPA, European Institute of Public Administration.Las jornadas analizarán el continuo proceso de cambio en el que están hoy en día las contrataciones en el sector público. La evolución de la actividad económica, financiera y mercantil, los retos de la administración electrónica y la continua necesidad de adaptación a las directivas comunitarias hacen que entre otros aspectos la jurisprudencia sobre la contratación pública haya cambiado mucho en los últimos años. El encuentro ofrecerá una visión sobre las formas de
La Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias ha premiado al Ayuntamiento por su programa 'Oviedo Incluye', puesto en marcha el año pasado para contribuir a la inclusión a través de distintos instrumentos como la creación de una red de empresas comprometidas con la inserción, el fomento del emprendimiento inclusivo como fórmula de desarrollo o la contratación pública responsable, tratando de dar respuesta al reto de la inclusión de personas en riesgo de exclusión social. El concejal de Economía y Empleo, Javier Cuesta, recogió el galardón en la gala organizada por la institución con motivo de su X aniversario en Avilés. Por otro lado, el alcalde, Alfredo Canteli, se reunió con una representación de la junta directiva de la Asociación de Empresa Familiar de Asturias, AEFAS, encabezada por su presidente, Jorge Suárez. Canteli y los empresarios abordaron posibles fórmulas de apoyo y promoción en Oviedo o facilitar algunas gestiones municipales, como licencias o permisos. El equipo de gobierno ya introdujo una bonificación en la plusvalía para la transmisión de negocios que mantengan su actividad en las ordenanzas fiscales del próximo año. Los empresarios mostraron también su interés en atraer congresos y actividades que generen actividad y en apostar